Diputadas y diputados señalan que el objetivo es presentar propuestas legislativas en materia ambiental y de protección a los defensores ambientales
El encuentro fue convocado por la Mesa Temática del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la bancada, que coordina la diputada Adriana Bustamante Castellanos
Palacio Legislativo, 07-09-2022 (Notilegis).- La Mesa Temática del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena, que coordina la diputada Adriana Bustamante Castellanos, se realizó el foro “Acuerdo de Escazú: Propuesta Legislativa para su Implementación en México”, a fin de presentar propuestas legislativas en la materia.
Durante la inauguración del encuentro, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena, dijo que el Acuerdo de Escazú es una herramienta para acceder a los derechos ambientales en América Latina y el Caribe, a fin de hacer un marco jurídico más integral.
Para ello, aseguró que “siempre la academia nos va nutrir mucho de información y aportaciones que ayuden a hacer nuestras leyes más acordes a los derechos internacionales, tratados y a tener la armonización necesaria en la materia”.
Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellanos comentó que como parte de los ejes prioritarios de la mesa se abordaron dos: la promoción de la justicia ambiental en México y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, “porque somos conscientes de que en nuestro país enfrentamos graves problemas socioambientales, como la severa contaminación de los ríos y la pérdida acelerada de la biodiversidad en el país”.
Señaló que las características de los problemas socioambientales es que son sistémicos y son invisibilizados por la mayoría de las personas. “Como servidores de la nación tenemos el gran reto de visibilizar estos problemas, de afrontarlos de una manera responsable y de proponer soluciones duraderas y sustentables”.
Sobre el derecho a la vida y a la dignidad, Bustamante Castellanos refirió que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a lo largo de los años se han documentado 238 eventos de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente, de las cuales 25 han resultado muertas, solo en un año.
“Estas personas están dando la cara y la vida por nuestro territorio, lo que los pone en situación de riesgo, esto se debe visibilizar y entender que debemos de ser parte de la solución para que su protección sea asegurada”, expresó.
Mencionó que la defensa del ambiente, la tierra y el territorio, así como el debido ejercicio del derecho humano a un medioambiente sano, están estrechamente ligados con los derechos al acceso a la información a la participación y a la justicia, por lo que apuntó que “es deber de las legisladoras y legisladores adoptar e implementar las medidas necesarias para garantizar estos derechos de acceso”.
Bustamante Castellanos recordó que, en abril de este año, México firmó dicho acuerdo, lo cual “marca el inicio para hacer efectivo su cumplimiento, a través de la adecuación de nuestro marco legal, en este sentido desde esta coordinación temática atendimos el llamado de la sociedad civil y de las personas interesadas, quiénes hicieron entrega a su servidora, de una serie de propuestas para la efectiva implementación de dicho Acuerdo”.
Detalló que dichas propuestas armonizan una serie de leyes como la General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la General de Cambio Climático, la de Planeación y la de Protección Civil, donde se generan políticas públicas municipales, estatales y nacionales, que realmente tienen un impacto en el territorio
Resaltó que las iniciativas fueron retroalimentadas, analizadas y consensuadas, a través de mesas de trabajo en donde además de las organizaciones de la sociedad civil, también participaron diputadas y diputados, en un estrecho trabajo de colaboración.
La legisladora de Morena agregó que este miércoles presentó en el foro los proyectos de iniciativas derivados de este primer ejercicio de gobernanza en el marco de la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en México.
Invitó a los diputados a suscribir dichas iniciativas, ya que serán un camino para lograr una distribución justa y equitativa de los recursos naturales, así como que el paso para transformar la manera en que la legislación se ha estado llevando en el país.
“Seremos parte de esa transformación al disminuir y equilibrar los impactos negativos de las actividades económicas y extractivas que ocasionan sobre el medio ambiente”, expresó Bustamante Castellanos.
A su vez, Juan Carlos Carrillo Fuentes, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que buscan abordar principios que brinden un fundamento jurídico adecuado para el desarrollo de políticas que no se han desarrollado en el sentido de cuidado y justicia ambiental; para ello se requiere fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos con un buen manejo de la información en la toma de decisiones.
Detalló que el Acuerdo promueve los derechos a la información, participación y de acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo cual aterriza el derecho humano a un ambiente sano y facilita que algunos grupos vulnerables y comunidades indígenas ejerzan de manera efectiva sus derechos, lo cual sería importante implementarlo en el país.
“El Acuerdo de Escazú es un gran avance que da elementos para demandar ante tribunales su debido cumplimiento, pero sobre todo sienta las bases para el desarrollo de políticas”, dijo.
Por otro lado, Gloria Olimpia Castillo Blanco, directora de Comunicación y Educación Ambiental S.C, resaltó que en dicho acuerdo participaron las asociaciones de las organizaciones civiles, particularmente de las mujeres, por lo que es importante que hagan sus aportaciones para implementar de manera efectiva dicho acuerdo.
Dijo que las personas jóvenes deben conocer el Acuerdo de Escazú para que vean cuáles son los derechos de información, participación y justicia que les han sido vulnerados, entonces dicho acuerdo “viene a tratar de resolver que todas las juventudes tengan la oportunidad de estar informadas y espacios de participación acorde a sus necesidades y sobre todo puedan reclamar la justicia”.
Tomás Severino, director de Cultura Ecológica A.C, mencionó que dicho acuerdo tiene muchos espacios para la cooperación entre legisladores y legisladoras de otros países, particularmente en materia de justicia ambiental y personas defensoras, y que “México puede enriquecerse de las experiencias de países que tienen más desarrollado estos temas”.
Consideró que dicho acuerdo permitirá la colaboración entre poderes y eventualmente, la financiera para poder llevar a cabo las acciones que se determinen como prioridades nacionales en materia ambiental.
“El Acuerdo de Escazú es relativamente nuevo, pero podría sentar las bases para que podamos actualizar nuestros marcos constitucionales y leyes, para ponerlos a la altura de los estándares de derechos humanos y medio ambiente que plantea el acuerdo”, concluyó.
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