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Cuenca Ayala recomienda medidas para perfeccionar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

 La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Sharon Cuenca Ayala (PVEM), afirmó que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio nació como respuesta a la necesidad de modernizar los modelos de procuración e impartición de justicia en nuestro país, y se logró a través de intenso trabajo de ambas cámaras del Congreso.

Indicó que fue una profunda reforma constitucional que planteó el reto de incluir principios que hoy sustentan el andamiaje jurídico que garantiza los derechos de la ciudadanía. Era un cambio esperado por la sociedad, “y aunque su implementación no ha sido sencilla, debemos entenderla bajo un enfoque de derechos humanos”.

En las mesas de debate “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio. A un año de su operación a nivel nacional”, organizadas por el Senado de la República en su antigua sede, la legisladora destacó que hay avances en temas como la presunción de inocencia y el debido proceso; además, se atienden principios rectores de publicidad, inmediación, concentración y, por supuesto, oralidad.

Explicó que esos preceptos involucran totalmente a los jueces, a fin de que ellos conozcan a fondo los asuntos y que, públicamente, discutan sus argumentos frente a una audiencia. “Eso contribuye a dar certeza a la sociedad”.

No obstante, señaló, hay elementos que abonarían a consolidar el Sistema de Justicia Penal como simplificar el esfuerzo policial homologado, para que los elementos cumplan oportunamente todas sus funciones, e identificar los factores que originan el retraso de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, así como informar a las personas sobre la importancia del principio de la presunción de inocencia y la necesidad de usar mecanismos alternativos de justicia.

También consideró necesario fortalecer las capacidades de investigación de las corporaciones y de los tres niveles de gobierno; impulsar el servicio profesional de carrera para policías y capacitar correctamente a elementos y Ministerios Públicos, a fin de que puedan integrar carpetas de investigación de forma adecuada.

Cuenca Ayala mencionó que igualmente es necesario reforzar los procesos de comunicación entre jueces y Ministerio Público, y homologar la tipificación de delitos en los estados como a nivel federal.

La diputada vicepresidenta mencionó que las mesas de debate serán un importante indicador para evaluar los avances y retos, con el propósito de consolidar el sistema de justicia y diseñar nuevas propuestas que lo fortalezcan.

En la Cámara de Diputados, aseguró, “todas las fuerzas políticas habremos de encontrar los consensos necesarios para adecuar las leyes ante las circunstancias actuales y estas mesas serán material importante para todos aquellos que estamos involucrados en el sistema de justicia, lo que nos permitirá actualizar y modificar lo necesario o fortalecer lo que funciona bien”, refirió.

“Las leyes son perfectibles y como legisladores estamos obligados a hacer eco de las necesidades y demandas, siempre con apoyo de la sociedad civil. Hemos avanzado, pero existen desafíos que se deben enfrentar para tener instituciones sólidas”, concluyó.

La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI), señaló que la prioridad es llevar a cabo, de manera conjunta, una evaluación objetiva que posibilite el mejoramiento de la justicia en el país.

Para superar cualquier adversidad, dijo, es importante contar con la perspectiva del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, académicos e investigadores, miembros de la sociedad y representantes de organismos no gubernamentales.

Asimismo, de la participación de especialistas y representantes de instituciones académicas del Poder Ejecutivo federal y de asociaciones defensoras de derechos humanos; la visión de los gobiernos de los órganos locales y, por supuesto, de la perspectiva de los legisladores federales, resaltó.

“Sabemos que lo más importante hoy es la capacitación toda vez que el marco legal, es un marco que puede ser en la operación perfectible”, comentó.

Destacó la importancia de la participación de expertos en las seis mesas que conformarán el evento, en los que, dijo, espera que haya buenos resultados. “Aquí veo mucho talento, mucha capacidad, pero sobre todo mucha voluntad para que a México le vaya mejor”.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que el nuevo Sistema de Justicia Penal es el modelo que México requiere, pero se debe perfeccionar, y ese mejoramiento viene en quienes operan el sistema, más que en quienes hacen las leyes.

Ratificó su compromiso con el texto constitucional y su disposición para construir los cambios legislativos necesarios que ayuden a las instituciones operadoras del sistema, sin visiones partidarias.

A poco más de un año de su implementación y entrada en vigor, es necesario reflexionar en un clima de libertad, “sin esquizofrenia, porque (ésta) es el preludio de una toma de decisiones arrebatada que no parece ser buena consejera”, puntualizó.

Consideró que es demasiado pronto para pensar en un viraje de gran calado. “No vayamos a hacer que un viraje así haga encallar la nave”. Planteó que “en un clima de construcción de consensos vayamos viendo qué podemos hacer”.

Sostuvo que para saber dónde se requieren los ajustes, el nuevo sistema debe estar en marcha.

Reconoció que existen críticas al sistema, que no son necesariamente fundadas. La reforma, dijo, es garantista y su reto es alcanzar la eficacia judicial. “Se buscó generar equilibrios para lograr la mayor eficacia posible sin vulnerar los derechos humanos”, precisó.

Se refirió a la llamada “puerta giratoria” (de las cárceles) que, se cree, fomenta la incidencia delictiva y argumentó que, de acuerdo con el Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, entre 2007 y 2014, cuando aún no entraba de manera cabal la reforma, dicha incidencia aumentó 634 por ciento.

Negó que se haya liberado a algunas personas en prisión preventiva por la sola entrada en vigor del nuevo sistema. La Corte resolvió que debían sujetarse al escrutinio judicial, señaló.

Precisó que, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, el 99 por ciento de los casos que llegan al juez, son de flagrancia y, en casi todas, se determina legal la detención, y en uno de cada cinco casos el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, de los cuales se concede 75 por ciento.

Rechazó que se despoje a autoridades de herramientas para combatir el crimen, pero existe un catálogo de medidas cautelares como la prohibición de acercarse a las víctima, el uso de tecnología y el criterio de oportunidad. “Eso dio a la víctima el lugar que históricamente no había tenido”, enfatizó.

Agregó que la creación de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, es un gran acierto; actualmente, informó, está funcionando en cuando menos la mitad de los estados del país, y es una de las soluciones.

Entre sus propuestas, planteó establecer la reparación integral del daño. “La comisión de un delito demanda también la reparación integrada a las víctimas: rehabilitación, compensación; satisfacción, garantías de no repetición, indemnización individual, colectiva, material, moral y hasta simbólica”.

Además, eliminar el arraigo, que ha generado descrédito al Sistema de Justicia Penal y ha arrojado pocos y malos beneficios. “Quizá esto ayuda a evitar esta sensación de puerta giratoria”, puntualizó.

Subrayó que el reto más complejo es cultural, porque modificar el sistema en términos figurados, “es cambiar, hasta la manera de andar”, de los programas de derecho penal en las escuelas, la mentalidad de los operadores del sistema y de los abogados, para completar una defensa técnica profesional adecuada.

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