El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$8 millones a Uruguay para implementar el Programa Integral de Seguridad Ciudadana II, a través del cual el país buscará fortalecer su capacidad de prevención de homicidios y violencia basada en género en los territorios que registran mayor prevalencia de estos crímenes y que concentran poblaciones en riesgo.
Si bien los índices de criminalidad en Uruguay no son los más críticos en la región, la tendencia creciente de los homicidios y casos de violencia basada en género presenta una oportunidad de responder oportunamente a estos retos y prevenir su aumento.
Uruguay es uno de los países pioneros en América Latina y el Caribe en el despliegue estrategias de seguridad ciudadana basadas en evidencia, que han demostrado su efectividad mediante evaluaciones rigurosas, con acompañamiento del BID desde 2012. El BID continuará acompañando en la adopción de este tipo de estrategias.
Esta segunda fase del Programa Integral de Seguridad Ciudadana permitirá a Uruguay fortalecer la capacidad de prevención de homicidios en territorios especialmente afectados, aumentar la efectividad de las actividades de prevención y detección de violencia basada en género, y mejorar la calidad de los servicios de reinserción social para reducir la reincidencia.
En cuanto a la prevención del homicidio, el programa se enfocará en el despliegue de mediaciones comunitarias para desescalar conflictos violentos, que involucran principalmente a hombres jóvenes en barrios con mayor incidencia de homicidios en Montevideo.
Asimismo, con el fin de proteger mejor a las mujeres que denuncian casos de violencia basada en género, que es el segundo crimen más denunciado en el país, la Policía desplegará una herramienta validada estadísticamente que le permitirá medir fiablemente el riesgo de revictimización.
Por otra parte, el programa fortalecerá la caracterización de la población penitenciaria para mejorar su proceso de reinserción. También se implementarán proyectos piloto basados en evidencia para el tratamiento de adicciones en las cáceles y se fortalecerán las metodologías de gestión y atención de las personas que enfrentan sanciones alternativas para fortalecer su cumplimiento y efectividad.
El préstamo del BID de US$8 millones a Uruguay tiene un plazo de amortización de 24 años y medio, un período de gracia de seis años, una tasa de interés basada en SOFR, y una contrapartida local adicional de US$2 millones.
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