El senador Esteban Albarrán Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y a sus homólogas locales en las 32 entidades, para que instrumenten las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Asimismo, para que de manera coordinada impulsen las acciones para promover que los centros de trabajo, tanto públicos como privados, adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Dicha Norma tiene el objetivo de incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.
Esta certificación se otorga a centros de trabajo públicos y privados de cualquier sector o actividad, por lo cual es impostergable promover su adopción, con el objetivo de erradicar las prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.
En el país viven poco más de 7 millones 751 mil personas de personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6.6 por ciento de la población, quienes enfrentan diariamente diversos estigmas que consideran que por su condición no pueden integrarse plenamente a la sociedad.
Siete de cada 10 personas, consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. Además, una cuarta parte de la población no estaría dispuesta a que en su casa vivan personas con discapacidad, detalló el senador Albarrán Mendoza.
Solo 19 por ciento de la población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades; entre las principales problemáticas para estas personas se encuentran: el desempleo, la discriminación y las dificultades para ser autosuficiente, dijo.
Señaló que 25 por ciento de las personas con alguna discapacidad de entre 15 y 24 años son analfabetas, mientras que solo 1.5 por ciento de la población general se encuentra en esta situación.
Finalmente, la mayoría tienen un perfil ocupacional de baja cualificación: de cada 100 personas con discapacidad, 22 se emplean como trabajadores en actividades elementales y de apoyo; 18 son trabajadores agrícolas; 16 laboran en tareas de comercio o ventas; 14 son artesanos; 10 profesionistas y técnicos; 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia; 6 trabajan como operadores de maquinaria; 3 como auxiliares administrativos y sólo 2 son funcionarios, directores o jefes.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y posterior dictaminación.