Palacio Legislativo, 12-07-2022 (Notilegis).- Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD señalaron que hablar de sororidad es referirse a una clara reflexión sobre lo que nos impacta como mujeres, lo que podemos trazar juntas, y lo que necesitamos comprender una de la otra para avanzar en paralelo, sin violentarnos con tal de conseguir poder o popularidad a costa de las demás.
Desgraciadamente, señalaron en un comunicado, vemos que los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respecto a la posibilidad de que existan fotografías o imágenes de diputadas del PRI, que ponen en riesgo su intimidad, es un ataque frontal primero que nada, a esta sororidad, pero también una manifestación clara de una conducta que el día de hoy ya está tipificada a nivel nacional y en muchos estados de la República, incluido Campeche cuyo Código Penal fue reformado en 2020 para adecuarse a la «Ley Olimpia», como «violencia digital», «violencia mediática», «violencia a la intimidad sexual», «violencia política en razón de género» y «apología del delito».
Indicaron que «la gobernadora Sansores incurre en las agravantes que establecen: ‘cuando sea cometido por un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones; cuando obtenga un beneficio lucrativo o no lucrativo de éste, y cuando el sujeto activo haya obtenido para estos efectos, el material mediante robo o acceso no autorizado, o intervención de comunicaciones, archivos privados'».
Y la sanción: «Si la persona fuera servidora o servidor público se procederá a la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de cinco a diez años para desempeño en el mismo orden».
Las manifestaciones públicas realizadas en vivo a través de una plataforma mediática nada menos que desde el gobierno del estado de Campeche en el programa «Martes del Jaguar», dejan claro que la garantía de los derechos humanos de las mujeres no está en mente de la mandataria pues, a todas luces, lo dicho por ella es una amenaza velada sobre las fotografías que tiene en su poder de manera ilegal.
«Esta acción a todas luces es misógina y violenta hacia las mujeres diputadas del PRI, evidenciando que la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres no está en el discurso, en el actuar de la gobernadora y, mucho menos, en su pronunciamiento.
«Es importante recalcar que esta acción no sólo es un abuso de poder de Layda Sansores, es también una conducta que puede considerarse un acto de violación a la ley, al obtener de manera ilegal dicha información; es también una violación a los derechos humanos de las diputadas, entre ellos el derecho a la intimidad sexual y al derecho a vivir una vida libre de violencia y es, sin lugar a dudas, una amenaza o como ella señala en su video ‘una advertencia’ clara hacia las legisladoras de tener en su poder esa información que compromete la intimidad».
Al contar con estas fotografías, continuaron, la gobernadora también pone en riesgo a las diputadas y las coloca en el reflector social y político dando pie a que muchas de ellas sean juzgadas y exhibidas, lo que les ocasiona también un grave daño al honor y un atentando a su derecho al resguardo de su intimidad.
Pero sobre todo, representa una conducta clara de «violencia política» por lo que la gobernadora debe de asumir dicha responsabilidad y ser denunciada por esta conducta, que podría colocarla en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el cual se encuentra cualquier persona que es sancionada por ejercer violencia política conducta que se agrava cuando dicha violencia la cometan personas servidoras públicas, como lo señala el acuerdo INE/CG269/2020.
Dijeron que esta sistemática violación de los derechos humanos de las diputadas priistas es el claro ejemplo de lo que pasa en un Estado donde las mujeres y sus derechos están invisibilizadas, y pareciera que se puede cometer contra ellas cualquier atropello o violación a su dignidad y derechos sin que se sancione a la o el agresor, y se ponga un ejemplo claro de que esta realidad no se debe seguir permitiendo.
La omisión para pronunciarse al respecto por parte de la Comisión de Igualdad, pero también de las instancias federales encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en México, como lo son la CONAVIM y el INMUJERES, nos deja claro de que la justicia para las mujeres en este país es parcial y que la garantía de sus derechos depende de su ideología partidista.
«Nunca como antes, las mujeres de todas las ideologías requerimos unirnos en una sola causa: la garantía de nuestros derechos y la libertad de ejercerlos en condiciones de igualdad, no discriminación y teniendo la garantía plena del Estado de que podremos acceder a ellos sin ninguna brecha política o condicionante partidista».
El poder de las mujeres es para abonar en el avance de todas, no para ser parte de una historia misógina de violencias entre nosotras.
«La gobernadora debe recordar que el camino para llegar a donde está, se encuentra trazado por el esfuerzo colectivo de mujeres que hicieron posible la participación ella y de muchas otras en condición de igualdad, y que el honrar esa memoria, la obliga a no conducirse desde la misoginia, el patriarcado interiorizado en ella, y la violencia normalizada con la que sus palabras dañan la integridad de otras mujeres políticas», aseveraron.
«En el Grupo Parlamentario del PRD tenemos claro que las mujeres somos parte fundamental para transformar la política, pero esa política debe de ser ejercida desde la sororidad, la empatía y la perspectiva de género, por lo que exigimos a las mujeres que encabezan la CONAVIM, el INMUJERES y las comisiones de Igualdad de Género del Senado y la Cámara de Diputados, a pronunciarse enérgicamente contra los actos de violencia política y digital que se comete contra diputadas del PRI, por parte de la gobernadora de Campeche, en el entendido de que si dañan a una respondemos todas», remataron.
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