El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó que no se puede continuar con el “desgobierno en materia de agua”, por lo que se debe definir una política pública en este tema y la exigencia presupuestal.
El legislador resaltó que si el próximo año continúa con una restricción y recorte presupuestal como se definió para 2019, los niveles de desgaste de las unidades de riego y, sobre todo, de la recarga y conservación de los acuíferos, “entrará en una situación más difícil porque el deterioro será mayor”.
Durante la reunión de trabajo: “Acceso preferente al agua y buen gobierno de sistemas de riego para la soberanía alimentaria”, el legislador precisó que se busca un nuevo sistema de reglas y de orden del agua, tanto en su administración, distribución y conservación, con el objetivo de definir una política pública en la materia. Consideró que esta reunión ayudará a tener algunas alternativas.
“Ya llegamos a una situación límite donde la precariedad de los recursos que el Estado debe invertir en agua no pueden continuar a la baja, porque eso está perjudicando muchísimo”, dijo. También estimó que es necesaria una discusión sobre el costo del agua y cómo debe distribuirse esta carga.
Recordó que el próximo 8 de septiembre se recibirá el Paquete Económico y ahí se verán los recursos que se le asignarán para el próximo año a este tema tan importante y fundamental.
Se pronunció por realizar una gran convención sobre el agua antes de septiembre para definir con claridad, precisión y acuerdos una estrategia en la materia y la exigencia presupuestal.
El presidente de la Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, diputado Eraclio Rodríguez Gómez, afirmó que la situación del agua es un asunto mucho más grave que el huachicol, por lo que es preciso que se considere como problema de seguridad nacional.
Detalló que aunque las comunidades rurales han tratado de ser garantes de la conservación de los bienes hídricos, la incapacidad del gobierno y la inseguridad pública las ha rebasado.
“Existe un aparato gubernamental desmantelado incapaz de dar cumplimiento a la ley, totalmente corrompido en el asunto del agua, donde todos hacen lo que les viene en gana sin que pase nada, toda vez que no se tiene parámetros para medir el agua y detener la explotación indiscriminada de los pozos y presas por parte de los grandes grupos industriales”.
Apuntó que es necesario que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se le brinde mayor personal, pues en el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de Chihuahua, a pesar de contar con 36 mil pozos, 550 mil hectáreas de riego, sólo dos personas supervisan el consumo.
Agregó que otro aspecto fundamental a analizar es la duplicidad de las dependencias en el manejo del líquido, pues ahora hasta la Secretaría del Bienestar interviene; además pidió atender el robo, su venta indiscriminada a través de los módulos de riego y la deforestación.
Relató que existe un abandono total de las partes altas de las cuencas hidrológicas de las sierras de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila. Ejemplificó que, en el caso de Chihuahua, hay 15 municipios donde vive la gente más pobre, esto a pesar de que generan el 70 por ciento del agua que se usa en el distrito de riego de Sinaloa y el 80 por ciento en el Valle del Yaqui, Sonora.
La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván, indicó que se requiere ubicar sobre la mesa las prioridades para que el agua sea un derecho humano en este país.
Resaltó que se tienen problemas de sobreexplotación del acuífero o contaminación de ríos y aguas que atraviesan zonas urbanas o donde la gente vive, lo que ocasionan problemas de salud.
Destacó la importancia de dialogar en estas mesas de trabajo para buscar alternativas de solución y que la Ley de Aguas Nacionales, tanto de las superficiales como de las subterráneas, vayan juntas y se pueda contener la problemática del vital líquido con algunos focos más rojos que otros.
José Gildardo López Tijerina, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), expresó su disposición de aportar en cuanto a la Ley General de Aguas, ya que se “nos está acabando ese recurso”.
Julio César Cervantes Ortega, representante de la Central Campesina Cardenista, destacó la importancia de que la Cámara de Diputados escuche a la ciudanía para la creación de la Ley Nacional de Aguas, pues más del 70 por ciento torrente no se sabe en qué se consume, quiénes la tienen y cuánto pagan, por lo que es preciso su reglamentación.
Refirió que el sector agrario se ve sumamente afectado por la falta de una normativa en la distribución del líquido, por lo que pidió a los diputados que en el marco de la Cuarta Transformación se garantice el acceso al agua a todos los mexicanos.
Rebeca López Reyes, codirectora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, expresó su deseo para que estas mesas de trabajo logren un cambio en la gobernabilidad del agua, pues la ausencia de regulación ha contribuido a la contaminación de diversos cuerpos hídricos en el país.
La especialista propuso que la ley en la materia contemple la creación de órganos colegiados encargados de preservar las cuencas que existen en el país.
Representantes de Coahuila, Durango, Morelos, San Luis Potosí y el estado de México expusieron las problemáticas con las que se enfrentan debido al escaso y deficiente acceso de agua para sus distintas actividades que realizan en sus zonas.
Manifestaron su descontento con autoridades federales y pidieron atender de manera inmediata sus demandas, e incluir a los pueblos afectados en la toma de decisiones respecto del acceso al agua.
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