El objetivo, otorgar a los transportistas terrestres un andamiaje jurídico de «piso parejo», ante abusos de las grandes empresas
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) promueve una iniciativa para reformar el Código de Comercio, a fin de que en la Carta Porte (CP) o contrato de prestación del servicio de transporte federal de mercancías, se establezca el precio del mismo y su plazo de pago en un término no mayor a treinta días después de la entrega o realización.
Destacó que el objetivo es otorgar a los transportistas terrestres del país un andamiaje jurídico de «piso parejo» desde el momento de la emisión de la CP y «también dentro de las obligaciones del cargador, así como los derechos del porteador».
Por ello, propone reformar los artículos 581, fracción V; 588, fracción V, y 591, fracción II, del Código de Comercio, para establecer que el cargador (cliente) está obligado «a pagar el porte o servicio en el momento de la entrega de la carga en el lugar acordado o en los tiempos convenidos en el contrato, dentro de un plazo no mayor a treinta días».
En la propuesta remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, el diputado por Coahuila destacó que las empresas del autotransporte de carga se han vuelto incosteables con respecto a sus gastos de operación y que las menos afortunadas han quebrado por falta de solvencia, ante la imposibilidad económica de financiar a los grandes consorcios.
Explicó que el contrato de transporte terrestre es un acuerdo de voluntades, donde se pactan derechos y obligaciones por las partes en materia de autotransporte ya sea de carga o de pasajeros. Para el caso de la carga, el cliente (cargador) del transportista (porteador) tarda o abusa en cuanto el tiempo en que le pagan el flete al prestador del servicio.
«Gran parte de las empresas o clientes que utilizan el servicio de carga federal abusan de la buena voluntad de las y los transportistas del país, ya que, a pesar de firmar contratos con fechas de pago medianamente viables, atrasan incluso en meses los pagos a las mujeres y los hombres camión», afirmó.
Refirió que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 97.5 por ciento de los prestadores del servicio de autotransporte de carga son micro y pequeño empresario, quienes operan de una a 30 unidades y atienden el 50 por ciento del mercado nacional.
«Este modelo de financiamiento que utilizan los grandes industriales a costa de las utilidades de las y los pequeños y medianos empresarios de transporte, es insostenible», aseguró.
El diputado Borrego Adame subrayó que por esa razón es imprescindible darle «piso parejo» a las y los transportistas de carga federal, para que a través de esta reforma al Código de Comercio no haya más víctimas de los abusos de algunos clientes y se pueda establecer un término prudente, a fin de que cobren en tiempo y forma el monto por el servicio prestado.