La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) impulsa una iniciativa para sancionar quienes que no cumplan con su obligación de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión, adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política.
El texto de la adición dice: «La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización».
En su régimen transitorio, la propuesta sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.
Apunta que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación de las y los ciudadanos del país, según lo establece el artículo 36 fracción III de la Carta Magna.
«A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar», añade.
La iniciativa de la diputada Pinete Vargas precisa que, si bien en la democracia un solo voto de diferencia es suficiente para ganar una elección, los datos en los comicios de 2022 y de 2023 muestran la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas para ejercer lo que se considera en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.
Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.
La diputada del PVEM destaca que el fortalecimiento continuo del régimen democrático en México, de la rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, transita sin duda alguna, por combatir el abstencionismo y elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones que se celebran para renovar los poderes.
Por ello, afirma que en sistemas democráticos modernos, en donde la legitimación en el acceso al poder es un asunto fundamental para la gobernanza, bien cabría reflexionar sobre la posibilidad de contar con un mecanismo para hacer realmente efectivo el cumplimiento de la obligación señalada en la Ley Fundamental de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estableciendo consecuencias de carácter jurídico para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acuden a las urnas cuando son convocados a ellas.
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