Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena indicaron que el servicio público de defensa jurídica que presta el Tribunal Electoral es pieza clave para salvaguardar los derechos políticos indígenas
Palacio Legislativo, 17-02-2023 (Notilegis).- El diputado Alfredo Vázquez Vázquez y la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena, exhortaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que en el actual proceso de renovación de la Defensoría Pública Electoral, que se lleva a cabo de enero a marzo de este año, se designen a personas de origen indígena.
Con este objetivo presentaron un punto de acuerdo, ya que el servicio público de defensa jurídica que presta el TEPJF es una pieza clave para salvaguardar los derechos políticos indígenas, por ello, enfatizaron, debe fortalecerse y renovarse.
«Hoy día se requiere de una defensoría pública incluyente y plural, cercana a los pueblos y comunidades indígenas, así como al resto de grupos en situación de vulnerabilidad», apuntaron en un comunicado.
Refirieron que en agosto de 2022 el TEPJF reformó su Reglamento Interno con el fin de crear una nueva Defensoría Pública Electoral, el cual extiende sus servicios a otros grupos en situación de vulnerabilidad para la protección de sus derechos político-electorales.
Entre otros cambios relevantes, se encuentra el procedimiento de selección de la persona titular de la Defensoría Pública Electoral a través de concurso público, que también será aplicable para la designación de las y los defensores que pretendan integrarla.
Sin embargo, con independencia de los esquemas de profesionalización necesarios para ocupar esos cargos públicos, reiteraron, es deseable que esos espacios sean ocupados por los miembros de los pueblos indígenas, como parte de su lucha histórica y legítima en la reivindicación de sus derechos como pueblo.
Mencionaron que las y los indígenas del país enfrentan problemas de despojo de tierras y recursos naturales, sus territorios son amenazadas por megaproyectos; asimismo, sufren todo tipo de violencia y falta de acceso a la justicia; escasa o nula participación política y toma de decisiones.
Comentaron que, en los últimos años, las instituciones del Estado mexicano, mediante acciones afirmativas o compensatorias, pretenden superar la poca presencia que tienen los pueblos indígenas en los órganos de deliberación política, como son los casos del Poder Legislativo federal y los congresos locales.
«Claro ejemplo del primero, son las candidaturas indígenas vía acción afirmativa, implementadas para las diputaciones federales en los comicios federales de 2018 y 2021; hubo complejidades en cuanto a su instrumentalización por el tema de la usurpación de candidaturas indígenas».
Estas acciones a favor de los pueblos indígenas en el ámbito político-electoral, añadieron, permitirán a los pueblos y comunidades tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin que ello implique una discriminación en contra del grueso de la población por la brecha existente.
No obstante, «la lucha de los pueblos indígenas para ser parte en los procesos deliberativos no ha sido fácil, lo que ha obligado a tener que judicializar sus derechos político-electorales ante los órganos jurisdiccionales competentes», apuntaron.
Vázquez Vázquez y Moreno Guerra pidieron no soslayar el avance significativo que se tiene en la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas por parte del TEPJF; sin embargo, persiste una serie de obstáculos para acceder a una verdadera justicia electoral intercultural, al existir un desconocimiento sobre la forma en que los pueblos indígenas ejercen y recrean su derecho a la participación y representación política.
Precisaron que una gran parte de los operadores jurídicos siguen apelando al monismo jurídico de un Estado etnocentrista, a la interpretación monocultural y no consideran las visiones del «otro»; es por ello que, en respuesta a las legislaciones acotadas, reconocen los derechos indígenas y la necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos».
En ese sentido, resaltaron la importancia de que miembros de los pueblos indígenas integren y presidan las instituciones que atañen a sus derechos e intereses, sobre todo si se toma en cuenta que el mosaico cultural se conforma por 68 pueblos indígenas y afromexicanos y que, de acuerdo con datos oficiales del Inegi, aproximadamente 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5 por ciento de la población total del país.
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