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ONU exige rendición de cuentas a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad

Se tienen documentados 36 asesinatos de manifestantes durante protestas opuestas al régimen de Maduro

 

NOTIPRESS.- El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela adelantó resultados de su primer informe en un comunicado. En él, se constatan múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Venezuela. Asimismo afirman, estos patrones de violencia y crimen fueron coordinados de forma sistemática con el beneplácito de Nicolás Maduro y los ministros de Interior y de Defensa, lo que constituye crímenes de lesa humanidad y pone de manifiesto la necesidad de que el ejecutivo venezolano rinda cuentas.

Para establecer sus conclusiones, la Misión de la ONU llevó a cabo entrevistas con víctimas, familiares, abogados, exfuncionarios, otros trabajadores del estado y testigos; dando una investigación detallada de 233 casos individuales. En palabras de la presidenta de la misión, Marta Valiñas, los casos examinados constituyen «motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad han ejecutado y planeado desde 2014 serias violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluyendo matanzas arbitrarias y el uso sistemático de la tortura -conforman crímenes contra la humanidad.»

Afirma el reporte que, incluso tomando «estimaciones conservadoras», Venezuela tiene uno de los mayores índices de asesinatos cometidos por autoridades estatales en Latinoamérica. Se encontró que entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), establecidas con el objetivo de combatir el crimen, dieron lugar a la muerte de 413 personas a lo largo de 140 operaciones plagadas de irregularidades.

Se halló además, el 59% de las muertes perpetradas por fuerzas del estado fueron cometidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES), mismas que, según fuentes internas, han implementado prácticas como «plantar» armas para simular enfrentamientos e incentivan el «matar criminales sin compasión» entre sus activos. Ello revela, en palabra de Marta Valiñas, «una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen.»

Por otra parte, el reporte asegura que tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) incurrieron en espionaje, detenciones arbitrarias y torturas hacia disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Los disidentes, encerrados en malas condiciones en centros penitenciarios y «casas seguras», eran sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de ser eran procesados judicialmente bajo cargos falsos, burlando el debido proceso.

Según Franciso Cox, integrante de la misión: «Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.«

Además, se documentaron usos injustificados de la fuerza en protestas masivas organizadas por la oposición. Desde 2014 hasta 2019, se tienen registrados 36 asesinatos de manifestantes por arma de fuego o torturas a manos de las fuerzas del estado, mismas que dependen cada vez más de la militarización para mantener el orden público: «Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.«, afirmó Paul Seil, miembro de la misión.

En la versión preliminar del reporte elaborado por la Misión de la ONU, mismo que se publicará por completo el próximo 23 de septiembre, se recomienda que: «la República Bolivariana de Venezuela lleve a cabo de inmediato investigaciones efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes descritos en el presente informe». Ello resulta fundamental para, en un futuro, rendir cuentas a altos mandos del poder del país bolivariano, golpeado por una fuerte crisis política e institucional desde 2013, la cual ha comprometido la procuración de justicia y el estado de derecho.

 

 

 

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