Se busca crear una ley que promueva la participación de la ciudadanía en impartición de justicia: Olga Sánchez Cordero.
En el foro «Hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias», que se llevó a cabo en Nuevo León, senadores y especialistas coincidieron en que estos mecanismos son necesarios para agilizar la impartición de justicia, sin que se judicialicen los casos, pero que se requiere presupuesto para lograr que sean eficaces.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que se busca crear una herramienta que promueva la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia por la vía extrajudicial, a través de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas, sin que tengan que acudir a las instancias jurisdiccionales.
Lo anterior, dijo, ayudará a reducir el número de expedientes judicializados, pero también, es una forma de promoción de la cultura de la paz.
Comentó que estos mecanismos permiten otorgar igualdad de oportunidades a los justiciables, para que puedan resolver por ellos mismos sus conflictos, a través de procedimientos sencillos, basados en la voluntad, la prontitud, la confidencialidad y la honestidad, además de que privilegia la tolerancia, el diálogo y la comprensión.
Dijo que la no confrontación ni la creación de desavenencias permite encausar la voluntad de las partes para fomentar una resolución amigable, así como eliminar las formalidades excesivas, los términos extensos, los gastos onerosos, y los recursos e impugnaciones que se dan en los juicios formales y sobre todo el desgaste de las personas.
Sánchez Cordero comentó que esta construcción plural, con la colegisladora, tendrá éxito porque se escucha a todos los operadores, organizaciones sociales, barras de abogados, colegios de notarios y evaluadores, «creo que puede ser, sin lugar a duda, un éxito para dar una respuesta real y efectiva a las necesidades de la población».
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, consideró que se necesita de mayores recursos para la instrumentación de una nueva ley general, a fin de mejorar la infraestructura de los poderes judiciales de las entidades, ya que se requiere capacitación sobre los métodos de negociación, los cuales ayudarán a mejorar costos y a solucionar los conflictos.
Espino de la Peña dijo que se invertiría en mejorar en el sistema judicial del país, lo cual favorece y fortalece el Estado de derecho, la promoción del crecimiento económico y el aumento en el nivel de bienestar de las personas, con el objetivo de que haya mayor confianza y entendimiento entre el Poder Judicial y la población.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, expuso que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registra un promedio de 30 millones de delitos anuales, de esa cifra, sólo 10 por ciento denuncia, y de dicho porcentaje, el siete por ciento de los casos llega al Poder Judicial, por ello, «la gente no confía en que denunciar sirva de algo».
En ese contexto aseveró que, el objetivo de los legisladores es trabajar para dar confianza a la población para que, al momento de que el ciudadano acceda a la justicia, esta funcione y se les agilicen todos sus trámites.
Damián Zepeda enfatizó que, con la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se estableció que los procedimientos sean eficaces para que los jueces puedan estar de manera directa con las partes para resolver conflictos.
El senador Luis David Ortiz Salinas, dijo que el objetivo de los siete foros es concluir en el diseño de una ley en esta materia, por ello se discute sobre los beneficios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la forma para lograr la estandarización de los servicios de justicia alternativa, y la incorporación de pueblos y comunidades indígenas a esta modalidad.
El legislador de Movimiento Ciudadano planteó que también se debe analizar la capacitación de operadores del sistema de justicia, así como el respeto de las voluntades de las partes.
Subrayó que esta ley general y las que derivan de ella, «son herramientas fundamentales para lograr una cultura de la paz, en donde se registra el conflicto cotidiano: en familias, barrios, centros de trabajo y espacios públicos. Para su eficacia, deben coordinarse con toda la cartera de servicios públicos federales, estatales y municipales».
Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de gobierno de Nuevo León, expuso que es importante contar con este tipo de mecanismos de solución de controversias ante la llegada de grandes empresas extranjeras, inversiones y construcción de infraestructura en el estado.
Dijo que dichos mecanismos son reconocidos y utilizados a nivel internacional y deben usarse sin temor, y que ayudan a mejorar y facilitar el nivel de comercio, «sin quitarle merito a los tribunales judiciales, pero a veces la complejidad de la materia hace que los jueces locales no tengan la experiencia técnica en telecomunicaciones, operaciones complejas eléctricas», entre otros.
Guillermo David Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia de Jalisco, destacó que los métodos alternativos de solución de controversias son más efectivos y tienen una tasa mayor de resoluciones que los judicializados.
Además, dijo que los Poderes Judiciales en los estados sólo destinan el 1.6 por ciento de su presupuesto a los centros de atención judicial, y con esos recursos se atiende siete por ciento de los asuntos y se resuelve 4.9 por ciento de los casos.
José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León, reconoció que estos parlamentos aportarán mecanismos a esa ley para que sea más inclusiva y objetiva, así como para tener mejores niveles de acceso a la justicia.
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