Movimiento Ciudadano dará la batalla contra normas injustas que establecen espacios indebidos de discreción a servidores públicos.
Los cambios impugnados buscan alterar el equilibrio de la contienda.
El día de ayer, la dirigencia de Movimiento Ciudadano presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
La Comisión Operativa Nacional considera que los cambios impugnados buscan alterar el equilibrio de la contienda al remover límites de la comunicación social en tiempos electorales y cambiar la naturaleza jurídica de la comunicación social, permitiendo que servidores públicos, bajo la premisa de su libre expresión y de la difusión de información de interés público, puedan realizar promoción personalizada y adoctrinamiento político.
De igual forma, se rediseñan definiciones y principios de la Ley General de Comunicación Social de una forma que contradicen los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 134 constitucional. Asimismo existen defectos en el procedimiento legislativo que dio origen a estas reformas y que vician su contenido, toda vez que no se tomaron en cuenta a las minorías en el debate, ni se dictaminó debidamente la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
Movimiento Ciudadano se manifiesta como una entidad de interés público que tiene como meta fundamental el enriquecimiento de la vida democrática del país; dar la batalla contra normas injustas que establecen espacios indebidos de discreción a servidores públicos y afectan el equilibrio electoral a futuro, es nuestro deber.
Boletín de prensa