La diputada del PVEM impulsa un punto de acuerdo para exhortar al Congreso estatal a legislar de inmediato y dar certeza jurídica y presupuestal a la institución
Palacio Legislativo, 22-04-2023 (Notilegis).- La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM), integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, llamó al Congreso de Yucatán a realizar el trabajo legislativo pertinente que garantice el buen funcionamiento y operación del Centro de Atención Integral al Menor Desamparado de esa entidad federativa, ya que no existen condiciones que permitan brindar protección y cuidado a la niñez y adolescencia.
En un comunicado, la legisladora federal por Yucatán informó de la presentación de un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados federal exhorte al Congreso local a legislar de inmediato y dé certeza jurídica y presupuestal a la institución, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encargada de dar refugio a las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono en la entidad del sureste mexicano .
«Hay que anteponer el interés superior de la niñez, que el Estado asuma la obligación de brindar amparo y seguridad a través de un modelo de atención integral, con apoyo psicológico, terapias, y espacios físicos adecuados, y para ello, se requiere destinar recursos suficientes que posibiliten el adecuado funcionamiento y operación del centro», expuso Quijano Tapia.
Dijo que involucrar al congreso estatal implica atender la recomendación hecha en el informe de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, correspondiente al 2021, donde concluyó que «el centro cuenta con población por encima de su capacidad instalada, lo que demerita en la calidad de vida de los albergados».
Asimismo, manifestó que la edad máxima de los menores para permanecer en el albergue es de 18 años, sin embargo, cuentan con 12 mujeres y 13 hombres mayores de dicha edad.
Por otra parte, se observó en los registros y documentos presentados, así como las entrevistas realizadas, que los únicos criterios de ubicación con los que cuentan son la edad y sexo, es decir, que son separados a partir de los tres años, sin advertir condición física, psicológica o psicosocial, acción que repercute en el tratamiento o atención especializada del menor.
La diputada mencionó que a estas irregularidades se suman las quejas por fuga de menores y hasta procesos penales, iniciados en 2019, contra tres empleados acusados de cometer ataques sexuales y violencia física en contra de menores internos.
«Por eso la insistencia de que todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos tomen como una prioridad, defender los derechos de la niñez y salvaguardar su integridad en este Centro de Atención Integral al Menor Desamparado de Yucatán» concluyó.
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