Viola los derechos humanos de los campesinos, campesinas e indígenas, respecto de la modificación de sus semillas, con base en sus conocimientos milenarios, señala la diputada de Morena
Palacio Legislativo, 13-09-2022 (Notilegis).- La diputada Claudia Tello Espinosa (Morena) señaló que está en contra de que sea aprobada la iniciativa que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales, ya que busca empoderar a las grandes distribuidoras de semillas genéticamente modificadas y viola los derechos humanos de los campesinos, campesinas e indígenas.
Durante el foro “Iniciativa de reforma sobre la Ley de Variedades Vegetales”, indicó que dicha propuesta fue aprobada y revisada en Comisión; sin embargo, “al leerla nos damos cuenta que es una terrible aberración, es algo que no podemos permitir que pase, porque es totalmente neoliberal, beneficia a un pequeño grupo de personas y niega toda la evolución de los campesinos, campesinas e indígenas de México”, respecto de sus semillas.
Tello Espinosa explicó que con dicha reforma los campesinos, campesinas e indígenas no podrían reproducir sus semillas a partir de su conocimiento milenario.
“Está mi palabra empeñada para que no dejemos avanzar nada que tenga que ver con este tipo de situaciones y estoy convencida también de que tenemos un gran aliado, el Presidente de la República”, expresó la también secretaria de la Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
A su vez, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (Morena), presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, comentó que el objetivo de dicha iniciativa es privilegiar el derecho del obtentor de la semilla transgénica, “cuando debería de ser a la inversa: priorizar el derecho de las semillas nativas sobre las genéticamente modificadas”.
Por ejemplo, dijo, se establecen multas impagables a quienes utilicen sin permiso semillas de cualquier estructura vegetal protegida y la provisión del libre intercambio de semillas y plantas privatizadas.
“En este escenario se vuelve prioritario el impulso de políticas públicas que fortalezca la investigación, el desarrollo de semillas nativas y criollas desde su fase de experimentación hasta su siembra, lo cual es la ruta para lograr la autonomía alimentaria y no privilegiar la privatización a ultranza del mal manejo de las semillas genéticamente modificadas”, expresó.
Por su parte, Alejandro Espinoza Calderón, responsable del despacho de la secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), señaló que la diversidad genética y el conocimiento milenario de los pueblos originarios y comunidades indígenas se utilizan como lucro por entidades privadas para desarrollar variedades en un proceso que se distingue por la uniformidad, que favorece la propiedad intelectual, el provecho económico de unos pocos y el avance de los grandes capitales y corporaciones.
Enfatizó en la responsabilidad de hacer una revisión mesurada y crítica de los regímenes de protección de los derechos de propiedad intelectual de las variedades vegetales y sus implicaciones ambientales jurídicas culturales sociales económicas y éticas.
Lo anterior, dijo, porque la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Upov) constituye un medio legal para establecer figuras de apropiación de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, a través de patentes de un sistema sui generis o una combinación de ambos, la cual fue actualizada con una tendencia marcadamente privatizadora.
“Es nuestro deber reconocer las aportaciones de los pueblos originarios y comunidades indígenas creadoras de las variedades de vegetales de uso agrícola que se desarrollaron a partir de sus conocimientos milenarios transmitidos como parte de sus diversas dinámicas culturales y conocimientos indispensables para la diversificación constante y dinámica de los cultivos como el maíz, frijol, calabaza, entre otros”, agregó.
German Alonso Reyes Ortiz, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Colombia, detalló que los convenios y tratados de libre comercio ha sido cruciales en la definición de lo que sucede con las semillas, puesto que restringen la relación entre el campesinado y semillas, ya que son “el instrumento para despojar los bienes comunes de la biodiversidad y limitan la posibilidad de que las comunidades puedan guardar, sembrar, compartir y reproducir su propia semilla”.
Por ejemplo, mencionó que el Convenio Internacional Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), en el acta 78 y 91, permite la apropiación de variedades campesinas e indígenas, otorga propiedad sobre los descubrimientos, reconocen la doble protección de derechos de obtentor y patente, y restringen el uso de variedades esencialmente derivadas para la investigación de nuevas variedades.
Por ello, consideró que es necesario defender las semillas, a través de la sociedad civil con una multiplicidad de estrategias como: la conservación, uso y recuperación de sus sistemas tradicionales y sus semillas criollas; el intercambio de la semilla, la movilización social y desobediencia civil a la integralidad de las normas regresivas.
Arturo Turrent Fernández, ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, sostuvo que la prohibición del intercambio entre materiales genéticos nativos conducirá inevitablemente a la desaparición del mejoramiento genético autóctono y con este, se reducirá drásticamente la disponibilidad de maíces nativos.
“Esto ocurrirá con o sin la siembre de maíz genéticamente modificado a cielo abierto. La criminalización del intercambio y autoproducción de semillas conducirá a la pérdida de vigor asociado a la consanguinidad, debida a la pequeña escala de operación al nivel de parcela familiar y a la alta presión de selección con sus consecuentes bajos rendimientos y abandono”, concluyó.
Al foro también asistieron los diputados Arturo Hernández Tapia (Morena), Estaban Bautista Hernández (Morena) y Otoniel García Montiel (Morena); Consuelo López López, secretaria ejecutiva de la Cibiogem; Selene Mariana Sánchez Mendoza, subdirectora de Investigación Científica y Tecnológica de la Cibiogem; y Mercedes López Martínez, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.
Boletín de prensa