El dictamen, avalado por 479 votos, incorpora los principios de racionalidad y oportunidad, conforme a la sentencia de la SCJN
Elimina el término «fuerza epiletal»
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 479 votos, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con la finalidad de incluir los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza, y elimina el término «fuerza epiletal».
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que la finalidad del uso de la fuerza también es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz pública.
Agrega que el uso de la fuerza se regirá por el principio de racionalidad, la cual será la decisión en la que se valora el objeto que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
De igual modo, por el principio de oportunidad, cuando se requiera hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de actuación innecesario cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en el que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de las personas.
Del artículo 6, fracción V, elimina «fuerza epiletal», en el concepto de lesión grave.
La finalidad es dar cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 64/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objeto es solventar contravenciones a la Carta Magna de las parcialidades normativas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Debe haber racionalidad, proporcionalidad y respeto a la vida
El diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) celebró que los grupos parlamentarios coincidieron en eliminar términos como epiletal, porque «no hay ninguna diferencia entre epiletal y letal; de todas maneras, las fuerzas del orden utilizarían métodos que podrían dañar la seguridad, integridad o la vida de las personas que se manifiestan, por lo tanto, debe haber racionalidad, proporcionalidad y respeto ante todo a la vida».
Este dictamen, añadió, pretende regular el uso de la fuerza porque en el país siempre habrá manifestaciones; por lo tanto, «el tema no es cómo disolvemos esas manifestaciones porque no se puede regular la protesta social, más bien es cómo atendemos estas demandas, y en el extremo de que se utilice la fuerza pública contra las manifestaciones estas deban respetar la integridad de quienes se manifiesten».
Falta mejorar protocolos de actuación
Román Cifuentes Negrete, diputado del PAN, consideró que es necesario que todos los manuales de capacitación para la formación y profesionalización de los elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se adecúen para que tengan la certeza de que el trabajo va a estar orientado en un esquema de protección a los derechos humanos.
Reconoció que falta mejorar y dejar en claro los protocolos de actuación que permitan proteger y salvaguardar la seguridad e integridad de todos los elementos de seguridad pública. También, agregó, otro pendiente es regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; «esto es algo fundamental que se requiere para tener certeza hasta dónde y cómo circunscribir su actuación en estas tareas».
Los principios que se incluyen facilitan hacer efectiva la potestad del uso de la fuerza
Por el PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo señaló que los principios que se proponen incorporar a la ley, el de racionalidad y oportunidad, complementan la proporcionalidad y la definición de métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el empleo de armas incapacitantes, letales y no letales. Sostuvo que estos principios facilitan hacer efectiva la potestad del uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública.
Destacó que «es importante determinar que el principio de oportunidad sirve para evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista un evidente peligro de la vida de las personas que sean ajenas a los hechos». Detalló que por el principio de racionalidad «se entiende que para usar la fuerza sea una decisión pensada, decisión racional, una que valore el objeto de lo que persigue».
Que el uso de la fuerza pública se haga apegada a la legalidad
La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) refirió que «muchas mexicanas y mexicanos han sido testigos de cómo los policías actúan con prepotencia, que detienen sin ninguna orden emitida por un juez». Por ello, dijo, la reforma busca que el uso de la fuerza pública se haga apegada a la legalidad y dignidad de las personas; «esto es importante porque pretende que el actuar de los policías sea apegado siempre a la ley; es decir, busca limitar que las instituciones policiacas cometan acciones arbitrarias».
Explicó que se modifican los artículos 3 y 4 de la Ley para definir el concepto de finalidad de uso de la fuerza, así como los principios de racionalidad y oportunidad. Afirmó que la definición de estos conceptos pretende garantizar dos principios constitucionales básicos: la legalidad y la seguridad jurídica. Resaltó que con este dictamen se le da contestación a la acción de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Impacto en la seguridad del país
Sergio Barrera Sepúlveda, diputado de MC, afirmó que la reforma tendrá un impacto en las Fuerzas Armadas y en la seguridad del país. «Es uno de los pendientes que tenemos por ley y que no se ha sometido a discusión legislativa, pues en octubre de 2021 el Pleno de la SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza», en donde se hace mención a diversas comisiones legislativas.
El dictamen, afirmó, incorpora los principios de racionalidad y oportunidad para dar mayor certeza a los elementos encargados de la seguridad del país, elimina ambigüedades que daban incertidumbre y establece que los elementos de seguridad pública sólo deben actuar justificadamente conforme a los protocolos y no en reacción. Pidió no abandonar a las instituciones de seguridad pública y darles elementos necesarios de capacitación para hacer frente a la inseguridad del país.
Brindar seguridad jurídica a la ciudadanía
Del PRD, la diputada Gabriela Sodi Miranda, mencionó que el dictamen busca atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la acción de inconstitucionalidad que mandata al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones al texto vigente de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, para incluir los principios de racionalidad y oportunidad, así como eliminar el concepto epiletal.
Añadió que dicho concepto, se refiere al uso de armas menos letales o de fuego, con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor. La finalidad es brindar seguridad jurídica a la ciudadanía, «ya que desafortunadamente, como se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha ley transgredía los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política».
Boletín de prensa