San Salvador, 21 feb (EFE).- La jueza Mirtala Portillo, encargada del proceso por la masacre en 1981 de un millar de civiles durante la guerra civil salvadoreña en El Mozote, ordenó nuevamente la detención provisional del octogenario Rubén Zamora, excandidato presidencial y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, en una acusación que supone una «burla» para las víctimas de la matanza, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
«Una jueza ordenó nuevamente la detención del defensor de DD.HH. Rubén Zamora. La jueza había ordenado su excarcelación pero 3 días más tarde revocó el fallo sin informar a Zamora», apuntó en la red social X la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Añadió que «el proceso penal contra Zamora es abusivo y una burla a las víctimas de El Mozote».
Hasta el momento, Zamora no ha sido arrestado, según la información disponible.
A finales de diciembre pasado, la jueza había ordenado ya prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Zamora, por haber supuestamente ratificado ese año una ley de amnistía que encubría a aquellos que participaron en 1981 en la masacre en el pueblo campesino de El Mozote, donde fueron asesinados un millar de hombres, mujeres y niños.
Lejos de firmar esa amnistía, Zamora aseguró en declaraciones a medios locales que él siempre se opuso a esa amnistía generalizada, y no la votó ni ratificó. «Para mí es clarísimo que es una situación donde lo que querían era callarme», afirmó el político en referencia a la orden de detención.
La familia de Zamora ha mostrado una copia del decreto de ley de la amnistía, publicado por el diario El Faro, en el que su casilla aparece en blanco, sin firma, a diferencia de otros miembros de la Asamblea Legislativa.
Según Marcela Zamora, documentalista y una de las hijas del político, se trata de una «persecución política» por parte del Gobierno de Bukele, que a pesar de llevar más de tres años investigando a su padre, «no han podido encontrarle nada», ya que «duramente más de 40 años de carrera política y diplomática utilizó el poder que se le concedió como diputado público para ponerlo al servicio» de los salvadoreños.
«Cobardemente quieren encarcelarlo por un delito que no existe. Mi padre no firmó la amnistía (…) y desde siempre tuvo una postura crítica ante ella. Mi padre (…) ha condenado una y mil veces las masacres y actos de Lesa Humanidad que se cometieron en la guerra civil de El Salvador», subrayó la hija en un comunicado en diciembre.
La jueza Portillo está acusada de «opacidad» por la querella del proceso penal contra más de una docena de mandos militares retirados.
En 1993, poco antes que una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas revelara su informe sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), la Asamblea Legislativa promulgó la amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Corte Suprema de Justicia.
Zamora fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y candidato a la Presidencia del país por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1994, y ha sido embajador de El Salvador en Estados Unidos y la India.
Actualmente forma parte del movimiento Resistencia Ciudadana, que ha calificado de inconstitucional la reelección de Bukele el pasado 4 de febrero, en unos comicios en los que obtuvo una rotunda victoria.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.
Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.