Dublín, 9 mar (EFE).- El electorado irlandés, a menudo impredecible en referéndums, rechazó modernizar la Constitución para eliminar las referencias sexistas y anticuadas al papel de la mujer en la sociedad y redefinir el concepto de familia, a fin de extenderlo más allá del basado en el matrimonio.
Así, la mayoría de la ciudadanía propinó dos sonoros «bofetones» al Gobierno, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, en las dos consultas celebradas el viernes, tal y como reconoció este sábado su primer ministro, Leo Varadkar.
El dirigente irlandés recordó que con estos resultados se elevan a 13 los referéndums que ha perdido un Gobierno de este país en toda su historia, por lo que descartó consecuencias inmediatas, como la dimisión del ministro de Infancia, Igualdad, Integración y Discapacidad, Roderic O’Gorman.
En línea con otros análisis, el ‘taoiseach’ -primer ministro-, admitió que la campaña generó muchas dudas entre el electorado y que, «claramente», se equivocaron en la estrategia para convencerlo sobre la urgencia y necesidad de estas reformas, por lo que tendrán ahora que reflexionar al respecto.
El dirigente conservador también atribuyó la confusión y apatía general a la redacción de los textos elegidos para sustituir a los de la carta magna, escrita en 1937 con la ayuda de la Iglesia católica, enormemente influyente hasta hace muy poco.
«Lo que quiero decir a la gente es que, respecto a la labor del Gobierno sobre igualdad de género, sobre la mejora de las condiciones de los que aportan cuidados, sobre los derechos de los discapacitados, seguiremos trabajando», subrayó Varadkar, hijo de inmigrantes indios y abiertamente gay.
El referéndum sobre la familia fue rechazado por el 67,7 % del electorado, formado por 3,3 millones de personas, mientras que la consulta sobre los cuidados, que quería eliminar las referencias obsoletas hacia la mujer, obtuvo el 73,9 % de ‘noes’
Varadkar aceptó que «mucha gente ha fallado», entre otros, dijo, él mismo, sobre todo cuando la derrota fue por un margen «tan grande» en unas consultas en los que la participación fue «aceptable».
En realidad, en ninguna de las dos votaciones la participación llegó al 45 %, muy lejos del 64 % alcanzado en el referéndum sobre el aborto de 2018, después de que las encuestas ya detectaron al final de la campaña que en torno al 35 % del electorado estaba indeciso o dudaba incluso en acudir a las urnas.
A primera vista, pocos se oponían a reformar la Constitución a través de la llamada ‘Enmienda de Cuidados’, que proponía eliminar dos artículos que se refieren a la «vida de la mujer en el hogar» y a sus «deberes en el hogar», respectivamente.
El ‘sí’ a esta propuesta quería sustituir sendos artículos con un nuevo texto que reconocía el valor de la prestación de cuidados en el hogar «por miembros de una familia», lo que daría «a la sociedad un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común».
A día de hoy, la Constitución irlandesa seguirá exponiendo que, «por su papel dentro del hogar, la mujer aporta al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común».
El texto actual agrega que las autoridades, «en consecuencia, deben esforzarse por asegurar que las madres no están obligadas por necesidad económica a trabajar (fuera de casa) y descuidar sus deberes en el hogar».
Hasta principios de la década de 1970, era habitual que las mujeres irlandesas dejaran sus puestos de trabajo tras casarse, sobre todo en el sector público, y aunque esa práctica desapareció hace tiempo, la citada cláusula entorpece el avance de la lucha por la igualdad, según el Gobierno.
El Ejecutivo contó con el apoyo de todos los principales partidos y movimientos progresistas, mientras el bando opuesto, que desarrolló una tensa campaña en redes sociales, lo integraron varios diputados independientes y grupos ciudadanos ultraconservadores con agendas contrarias a la inmigración, la globalización o las políticas medioambientales.
Estos últimos añadieron más confusión aludiendo que la redefinición de la familia provocaría un aumento de la inmigración o que afectaría a las economías de unidades monoparentales, al tiempo que denunciaban la desaparición de los términos ‘mujer’ y ‘madre’ de la Constitución.
La llamada ‘Enmienda de Familia’ planteaba si el Estado debía reconocer a las unidades familiares como conjuntos de personas «basados en el matrimonio o en otras relaciones duraderas».
A este respecto, voces más cualificadas que grupos de internet indicaron que la expresión «relaciones duraderas» es confusa y advirtieron de que podría afectar a casos relacionados con la legislación familiar, fiscal, inmigración o a disputas por herencias.
La Constitución irlandesa, conocida como Bunreacht na hÉireann, ha experimentado cambios fundamentales en los últimos años, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015 y la derogación de la prohibición del aborto en el país en 2018.
La redefinición del concepto de familia y del papel de la mujer en la sociedad, aunque sea solo sobre el papel, tendrán que esperar para adaptarse a la Irlanda que había dejado atrás el control de élites ultraconservadoras y de la Iglesia católica.
Javier Aja