El Estado moderno tiene su fundamento en la teoría política de Juan Jacobo Rousseau del contrato social. En ella se esbozó que la sociedad organizada se dividía básicamente en dos clases: quienes gobernaban y los gobernados. Entre estos se establecía una especie de contrato donde los gobernantes cedían los derechos de gobierno a la clase gobernante siempre y cuando se velará por el interés de la colectividad. Lo importante es que en este contrato que definía la función de gobierno, que se cumpliera con la voluntad general, que consistía en “…el encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo se obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes”.
Esa concepción significó un gran cambio que permitió la creación del Estado moderno que condujo a la fundación de las naciones y los sistemas políticos, que independiente de la ideología, se fueron constituyendo en los siglos XVIII y XIX. A partir de ahí surge la constitución democrática y las instituciones de voto y de la representatividad popular.
Pero hoy estamos en un nuevo contexto social. Un mundo tecnificado y unidos por la interconectividad de las redes convirtiendo la globalidad una oportunidad de mayor participación en las discusiones de los problemas sociales.
¿Estamos entonces en la posibilidad de reformular los principios que sustentan al Estado Moderno?
Veamos el caso de Grecia más allá de su situación caótica por la crisis financiera que enfrenta, sino en la forma de resolver la situación política y las decisiones de gobierno. Un país que por vía del referéndum logró una victoria colectiva en tiempo de crisis que supondría dar cumplimiento a los compromisos que como nación ha adquirido, no solo como parte de la Comunidad Europea, sino también, en correspondencia a la ayuda financiera que los Estados miembros de la CE le brindaron en su oportunidad.
Lo que podría entenderse como un asunto de Estado que recae en la decisión de los órganos de gobierno, hoy vemos que el referéndum se convierte en una expresión de la “voluntad de todos” – que no es necesariamente el concepto de voluntad general de Rousseau – que apoya a un gobierno para apoyar el incumplimiento a los asuntos financieros pactados con las otras naciones de la CE. Como consecuencia de este hecho histórico la crisis financiera europea se agudiza e impacta a otras entidades financieras globales.
Pero también trastoca el principio del contrato social al expandir una decisión de Estado en una determinación de todo el pueblo que se expresó en un referéndum o plebiscito.
Esto plantea un nuevo reto y reconfiguración de los principios rectores del Estado. La tecnología nos abre el panorama de una mayor participación ciudadana, por lo menos más efectiva en los procesos de toma de decisiones y con mayor oportunidad democrática.
Cabe el cuestionamiento si el pueblo podrá tomar decisiones inteligentes.