Es verdaderamente grave que estamos en un proceso electoral y no las instituciones procuradoras de justicia nacional no tengan definidos a sus titulares. No hay una ratificación del encargado de la procuraduría general de la república ante la renuncia de su titular Raúl Cervantes. Tampoco se ha elegido a quién fungiría como fiscal anticorrupción por lo cual está acéfalo el sistema nacional anticorrupción dejando en las buenas intenciones y palabras vacías el combate a la corrupción.
Caso más que especial la destitución de Salvador Nieto en la fiscalía para la atención a los delitos electorales. Más cuando lo concreta quien no tiene ni la personalidad jurídica para ocupar el cargo de encargado del despacho. La ventilación de que su cédula profesional tiene apenas una antigüedad de seis años cuando se exige para el cargo de procurador mínimo 10 años de ejercicio profesional complica la validez jurídica de sus decisiones.
¿Qué es lo que paso en el caso de Salvador que después de impugnar la destitución en el Senado de la República ahora se eche para atrás y desista de la acción?
En un sistema político como es México no queda duda de que “lo quebraron”; es decir, lo “convencieron” bajo algún término coactivo a no seguir con esa lucha. Después se ha sabido que hay alrededor de seis denuncias penales contra Salvador Nieto. De esas no se tuvo conocimiento al momento de su destitución.
¿Cómo poder analizar entonces un aparente acto de corrupción en esas decisiones si no fiscal anticorrupción?
Es lamentable que el sexenio de Enrique Peña Nieto termine de mal manera, cuestionada la integridad y el compromiso institucional de estar realmente contra la corrupción. Ya no se trata de presumir tantos gobernadores en la cárcel por corrupción. Es necesario ver hacia dentro del sistema político para estar convencidos que la conveniencia de este descabezamiento institucional solo beneficia el régimen político.