Alejandro Armenta propone que se garantice el acceso a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna.
El agotamiento de los recursos fósiles, el incremento en la demanda de combustibles, la alta dependencia del exterior en esta materia, el cambio climático y el aumento de la «pobreza energética», son factores que hacen indispensable elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, como un bien común y no una mercancía, consideró el senador Alejandro Armenta Mier.
El legislador de Morena dijo que consagrar en la Carta Magna el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos, es clave para la transformación del modelo energético actual.
Armenta Mier afirmó que esta propuesta es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos dan cabida y se nutren de la participación de una sociedad informada y organizada, como verdadera protagonista del cambio.
«Se trata de un derecho que, como los de última generación, giran en torno a la solidaridad, que puede ser sincrónica, puesto que nuestras decisiones pueden afectar a otros y otras en el presente, y diacrónica, puesto que también afectarán a las generaciones futuras».
Por ello, presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política, para garantizar el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna.
Se trata de que las y los mexicanos puedan adquirir energía a un precio razonable, como una medida de justicia social, que sea renovable o sostenible, «porque nos encontramos en un punto sin retorno donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles».
«Reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental, es urgente ante los datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética en nuestro país. Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos», consideró el legislador en la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
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