Cracovia (Polonia), 12 ago (EFE) -Las elecciones generales polacas se celebran el 15 de octubre cuando se decidirá si el conservador Ley y Justicia, en el poder desde 2015, es capaz de renovar su precaria mayoría, un objetivo que espera conseguir con la introducción de algunas leyes polémicas y la ayuda de un controvertido referendo paralelo a los comicios.
Las últimas encuestas otorgan un 33,7 % a Ley y Justicia, de Jaroslaw Kaczynski, y un 29,4 % para la liberal Plataforma Cívica de Donald Tusk.
Kaczynski defiende una política nacionalista en continua pugna con Bruselas, así como la intervención estatal en la economía y una política social en sintonía con la Iglesia mientras que Tusk apuesta por el entendimiento con los socios europeos, una economía plenamente liberal y ofrece propuestas como la liberalización del aborto.
El escenario es similar al de las últimas convocatorias a las urnas pero en esta ocasión hay nuevos factores que añaden aún más incertidumbre como el nuevo auge de la ultraderecha entre los jóvenes.
Una tercera parte del millón y medio de polacos que votará este año por primera vez lo hará por Confederación, cuyo lema «iglesia, campo de tiro y escuela» y sus mítines con barra libre de cerveza ha atraído a una generación desencantada con la política tradicional.
El partido gubernamental introdujo en enero cambios en la ley electoral para ampliar el número de centros de votación en pueblos y zonas rurales, donde tiene su principal feudo, e imponer el transporte gratuito en la jornada de voto para los jubilados, que en su mayoría votan por Ley y Justicia.
En mayo se creó una ley con el objetivo de investigar la supuesta influencia de Rusia en los Gobiernos anteriores por medio de una comisión que en principio iba a tener el poder de interrogar, acusar y condenar a cualquier persona a la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, así como retirar la inmunidad parlamentaria a cualquier diputado elegido.
Esta ley, conocida oficiosamente como «lex Tusk», estaba claramente dirigida a mermar las posibilidades del principal partido de la oposición y solo fue modificada tras una gran polémica, advertencias desde Bruselas y Washington, y una oleada de protestas en las calles de Varsovia.
Para desacreditar esas manifestaciones, Ley y Justicia publicó un vídeo en el que usaba imágenes del campo de exterminio de Auschwitz, en línea con la narrativa alimentada desde el Gobierno de que Tusk es «un esclavo de los dictados de Alemania y Moscú» y un enemigo de las reivindicaciones polacas de exigir reparaciones de guerra a Berlín.
Además, desde hace semanas la televisión estatal polaca emite una serie de documentales que, bajo el título de «Reset», hacen un repaso tendencioso de varios hechos ocurridos durante los Gobierno presididos por Tusk, entre 2007 y 2015, con escenificaciones dramatizadas de conversaciones de Tusk con empresarios rusos y Vladímir Putin.
Algunos de los entrevistados han pedido la retirada de sus intervenciones y han acusado a los productores de manipular sus palabras.
El Gobierno polaco anunció que, «para ahorrar gastos», el mismo día de las elecciones generales se celebrará un referéndum con cuatro preguntas, de las cuales por ahora se conocen dos: «¿apoya la venta de empresas estatales?» y «¿está usted a favor de elevar la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres?».
En ambos casos se trata de referencias directas a las acusaciones que Ley y Justicia ha dirigido repetidamente contra los pasados Gobiernos de Tusk: la privatización de grandes empresas estatales y subir la edad de las jubilaciones, con lo cual se plantea a los votantes que juzguen de manera retroactiva las políticas de Gobiernos.
Una tercera pregunta, aún por formular, versará sobre la reubicación forzosa de inmigrantes impulsada por Bruselas, algo que según Kaczynski, «socava la soberanía» polaca.
La alternativa de pagar 20.000 euros por cada inmigrante rechazado que ofrece la Unión Europea «no tiene en cuenta que Polonia ya ha acogido a 2,2 millones de refugiados de Ucrania», lo que, en opinión del líder de Ley y Justicia ,supone «una descarada discriminación hacia nosotros».
Miguel Ángel Gayo