Lima, 16 mar (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, Alejandro Soto, afirmó que no permitirá que la Fiscalía allane las oficinas de un grupo de congresistas que están siendo investigados por presuntas negociaciones irregulares con la suspendida fiscal general Patricia Benavides.
«Como presidente del Congreso garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado», sostuvo Soto en la red social X.
El presidente del Legislativo respondió de esa manera a un mensaje publicado por el legislador izquierdista Edgar Tello, quien sostuvo que «existen comentarios de allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la fiscal Delia Espinoza».
«Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave», agregó Soto.
La fiscal Espinoza incluyó el pasado 1 de marzo a 14 congresistas de diferentes bancadas en la investigación abierta a Benavides por supuestamente liderar una red criminal en el Ministerio Público, en una caso en el que también comprendió al prófugo fundador del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Tras ello, los legisladores Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Illich López, integrantes del grupo incluido en la investigación, denunciaron constitucionalmente a Espinoza y pidieron que sea suspendida por 10 años.
La titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, fue acusada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricación y usurpación de la función pública.
Los parlamentarios aseguraron que el único que puede abrirles una investigación preliminar es el fiscal general, ya que cuentan con la protección especial que les brinda su cargo.
Sin embargo, la denuncia constitucional fue rechazada este viernes por la Junta de Fiscales Supremos y el Ministerio Público, que consideró que «carece de sustento jurídico y fáctico».
En el pronunciamiento, el fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, informó que derivó la potestad de la investigación y denuncia a Espinoza, quien «actúa con las mismas facultades de la Fiscalía de la Nación en el respectivo caso».
Villena explicó que se excusó de asumir estas diligencias por «el hecho inminente (de) que iba a ser convocado como testigo en la referida investigación» y con el objetivo de garantizar «la prevalencia de los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia en la investigación».
El fiscal supremo Pablo Sánchez respaldó, por su parte, la decisión tomada por Villena, mientras que Espinoza expresó «su estricto respeto a la Constitución y a las leyes, así como a las disposiciones emitidas por el Fiscal de la Nación interino».