Mientras tanto, la llegada del gobernador de Guangdong buscaría enfrentar las sanciones sobre los productos procedentes de Xinjiang impuestas por los bloques occidentales en los últimos tiempos y apuntalar la economía de la zona, dijo por su parte el profesor de la Universidad de Shenzen Song Xiaozhuang.
La última de ellas fue impuesta en forma de ley esta semana por Washington, que ha prohibido todas las importaciones procedentes de Xinjiang en respuesta al supuesto empleo de trabajo forzoso.
La experiencia de Ma podría «ayudar al desarrollo económico de Xinjiang y también a encarar las acusaciones extranjeras de mano de obra forzosa», aseveró el académico, quien recordó que la provincia de la que llega el nuevo funcionario es una de las locomotoras económicas del país.
El cambio, en cualquier caso, llega en medio de los preparativos del congreso del PCCh, en el que será desvelada la composición de un nuevo Buró Político, el órgano con más poder del país asiático.
En los últimos años, han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región.
El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, ya anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang también denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
Las ONG también han denunciado que en Xinjiang los musulmanes no pueden practicar su fe con libertad.
Las restricciones a la hora de informar sobre esta región son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a Xinjiang son sometidos a vigilancia e intimidación continua, recoge en su último informe el Club de Corresponsales Extranjeros de China.