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El COVID-19 afecta desproporcionadamente a los presos en todo el mundo

Esta semana se celebra en la ciudad japonesa de Kioto el XIV Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal para debatir el impacto del COVID-19 en los entornos penitenciarios

Philipp Meissner, experto en reforma penitenciaria en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) conversó con Noticias ONU antes del evento.

¿En qué medida afecta el COVID-19 a los reclusos?

Los sistemas penitenciarios y los más de once millones de presos que hay en el mundo se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia. Se estima que hay más de 527,000 prisioneros que se han infectado en 122 países y que más de 3,800 han muerto en 47 de esas naciones.

Con una capacidad de prueba limitada en muchas jurisdicciones y la situación en rápida evolución, el número real puede ser mucho mayor. También debe reconocerse que debido a su interacción cercana y regular con los reclusos, los funcionarios de prisiones, los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en las prisiones, también enfrentan un mayor riesgo de infección. Sin duda, las cárceles son entornos de alto riesgo de COVID-19 para quienes viven y trabajan allí.

¿Dónde sufren más los presos?

En la mayoría de los países de todos los continentes. Incluso los sistemas penales con recursos relativamente buenos se enfrentan a serios desafíos para mitigar el impacto de la pandemia en las prisiones. Las consecuencias son particularmente graves en los sistemas penitenciarios sobrecargados por razones que incluyen la negligencia sistémica, la falta de personal y otros recursos. Eso ha llevado a condiciones carcelarias malas o insuficientes en los servicios de saneamiento, higiene y salud.

El hacinamiento en las cárceles, que continúa afectando a la mayoría de los países, aumenta exponencialmente los desafíos planteados por el COVID-19 y la viabilidad real de introducir medidas significativas de prevención y control de infecciones.

¿Qué dificultades enfrentan las autoridades nacionales para combatir la pandemia en los entornos penitenciarios?

Ya antes de la pandemia, muchos sistemas penitenciarios luchaban para satisfacer las necesidades básicas de los presos y garantizar la salud en las cárceles. Muchas prisiones no tienen suficiente espacio, alimentación y agua potable, acceso a artículos e instalaciones sanitarias decentes, ni ventilación adecuada en el alojamiento y las áreas de trabajo. Además, el acceso a equipos de protección personal, termómetros infrarrojos o capacidades de prueba específicas de COVID-19 es un desafío.

Estos factores son más graves dado el perfil de salud típicamente más débil de la población carcelaria, que a menudo registra mayor incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

En muchos países no está garantizado el principio de equidad de la atención, que debería proporcionar a los reclusos acceso a servicios de salud gratuitos y de un nivel similar a los que se ofrecen en la comunidad. También es fundamental que se cumplan las normas internacionales, en particular, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también denominadas Reglas Nelson Mandela.

La atmósfera en las cárceles se ha vuelto tensa en muchos países y se ha exacerbado por la ansiedad, el miedo y la incertidumbre entre los presos y los funcionarios de esos centros. Los disturbios en las cárceles y otros incidentes de seguridad en cerca de 50 países han demostrado la importancia de dar información transparente sobre el COVID-19 y, en la medida de lo posible, con la participación de los presos.

Las medidas adoptadas en muchos países han endurecido los regímenes penitenciarios. Por ejemplo, se han suspendido las visitas y el acceso a los programas de rehabilitación y otras actividades constructivas fuera de las zonas de alojamiento es muy restringido, si es que lo hay.

No poder ver a las familias y los niños durante periodos prolongados tiene un grave impacto en la salud mental y el bienestar de los presos y agrava el sufrimiento inherente a una situación de encarcelamiento.

¿Están prestando suficiente atención las autoridades nacionales a la situación difícil de los presos durante la pandemia?

La gestión y los servicios penitenciarios son un eslabón débil de los sistemas de justicia penal de muchos países. Los presos constituyen un segmento de la sociedad que es fácilmente olvidado tanto por los responsables políticos como por el público en general.

Desde el comienzo de la pandemia, la UNODC ha expresado su opinión sobre la necesidad de integrar a las prisiones, los presos y el personal penitenciario en la respuesta general de salud pública de los países contra el COVID-19. Si bien muchas jurisdicciones están atendiendo estos llamamientos y han realizado esfuerzos encomiables, es necesario hacer más para abordar la compleja situación de los reclusos y mitigar el riesgo de COVID-19 en las cárceles. Esos centros se deben incluir en los programas de vacunación, por ejemplo.

¿Qué soluciones se están encontrando para detener la propagación del virus en las cárceles?

Uno de los problemas clave es el hacinamiento, por eso, muchos países han dictado sentencias condicionales por delitos menores y han dispuesto liberación de emergencia de prisioneros en riesgo o cercanos a cumplir sus sentencias.

Se estima que se ha autorizado la liberación de más de 700.000 prisioneros en el mundo durante la pandemia.

¿Cómo puede la ONU apoyar la mejora de las medidas de prevención en las cárceles a nivel mundial?

Las Naciones Unidas abogan por una reforma penitenciaria integral, así como por una nueva evaluación del sistema con el objetivo de abordar el encarcelamiento excesivo y el hacinamiento en las cárceles.

La agencia de la ONU se ha comprometido con los servicios penitenciarios y correccionales nacionales de más de 50 países para ayudar a mejorar las medidas de prevención y control de las infecciones, garantizar el cumplimiento continuo de las normas penitenciarias mínimas y promover un mayor uso de alternativas al encarcelamiento.

Algunas acciones de apoyo de la Oficina contra la Droga y el Delito:

  • En Uganda se adquirieron 16 tanques de agua, 40 camas de hospital, jabón, varios miles de colchones y mantas para mejorar la preparación para el COVID-19. Se suministró equipo de videoconferencias para acelerar la gestión de casos mediante audiencias judiciales virtuales. Los presos también se beneficiaron de tiempo de transmisión móvil adicional para mantener el contacto con sus familias, así como de asistencia posterior a la liberación
  • En Kenia, Somalia y varios países del sur de África se han implementado iniciativas similares. En Malawi se renovaron las zonas de alojamiento de los presos para mejorar la ventilación y el acceso al agua
  • En el Sahel el apoyo ha incluido el equipamiento médico para las enfermerías penitenciarias de Mauritania
  • En Bolivia, Líbano, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Somalia, Zambia y otros países, la UNODC proporcionó a las autoridades penitenciarias el equipo de protección personal que se necesitaba con urgencia, además de termómetros infrarrojos, mascarillas, batas, guantes y desinfectantes para manos
  • La UNODC continúa realizando seminarios web y cursos de capacitación en línea sobre la prevención y respuesta al COVID-19 en las cárceles en países como Brasil, Egipto, Pakistán, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países del sur de África, sí como de Europa del Este y Asia Central
  • En Mauritania se establecerá una estación de radio penitenciaria con el apoyo de la UNODC en tres cárceles para brindar información periódica sobre concienciación, higiene y salud sobre el COVID-19
  • En Namibia, la UNODC aseguró la participación continua de los presos en actividades constructivas apoyando la adaptación de un taller de formación profesional a una línea de producción de jabón y desinfectantes de manos con miras a reforzar las medidas de prevención.

 

 

 

 

Boletín de prensa de la ONU