Entre los temas: suspensión de derechos por violencia, edad para cargos públicos y expulsión de extranjeros
Diputadas y diputados externaron comentarios sobre los mismos
La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó seis dictámenes que reforman la Constitución Política en temas de suspensión de derechos por violencia, edad mínima para ocupar cargos públicos, expulsión justificada de extranjeros, zonas metropolitas y prisión preventiva oficiosa.
Robledo Ruiz solicitó que los asuntos aprobados sean turnados a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su atención y continuación en el procedimiento legislativo; se puedan considerar para su discusión y, en su caso, votación en el Pleno durante las próximas sesiones ordinarias.
3 de 3 contra la violencia
Con 33 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones, la instancia legislativa avaló en su 14ª reunión ordinaria, en lo general, el dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En lo particular, se aceptó con 30 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, la reserva para incluir una fracción VII al artículo 38, a fin de suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Robledo Ruiz mencionó que el dictamen tiene antecedentes desde pasadas legislaturas y hoy es producto de un esfuerzo de diversas legisladoras para establecer una nueva figura; es una sanción de carácter constitucional «para cualquier persona -sea hombre o mujer- que incurra en conductas de actividades de violencia y de delitos que afecten la vida e integridad de las personas».
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que es una iniciativa elaborada de manera plural, para dejar en claro que el Estado debe poner cartas sobre la violencia contra las mujeres y asumir que es un problema generalizado y que no se excluye a ningún poder; se norma que ningún agresor acceda a la función o servicio públicos e incluye a la persona deudora alimentaria morosa.
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, resaltó la idoneidad e ilegibilidad de cualquier persona que aspire a un cargo público. «Se le llama 3 de 3 porque aborda el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y es 3 de 3, porque va desde ámbito federal, estatal y municipal»:
Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez expresó que la finalidad es que ninguna persona violentadora acceda al poder público, por lo que llamó a las y los legisladores a que por unanimidad se apruebe en el Pleno. Aplaudió el trabajo del grupo plural y de los colectivos «para que las personas agresoras no estén en los espacios de poder y como personas servidoras».
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), mediante zoom, argumentó que la sociedad civil recogió preocupaciones en la materia «haciendo hincapié en que una persona agresora en el ámbito privado, también lo es en el público; se deben poner límites; contempla la perspectiva de la familia al incluir a los deudores alimentarios y abona a los derechos de las mujeres».
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) mencionó que hoy se da un paso positivo a favor de las mujeres y de sus hijos, cuando sufren violencia económica. Resaltó el trabajo de las organizaciones y del grupo plural para impulsar estas reformas, ya que el tema de proteger a las familias es sumamente relevante.
Desde la plataforma digital, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó que el dictamen no solo es un avance para las mujeres, sino para la sociedad, para que los agresores, sean mujeres u hombre, no lleguen a puestos de representación, del servicio público o tomen decisiones.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), vía zoom, resaltó que hoy se avanza en un tema que abona a los derechos de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y destacó el trabajo de los colectivos en el tema.
Disminuir edad para cargos públicos
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general y en lo particular, con 34 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Carta Magna, en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos.
La diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) expresó que se elimina un elemento que legitima la discriminación contra las juventudes; se modifica el requisito etario distinto de mayoría de edad para ser diputada o diputado federal, es decir, reducirla de 21 a 18 años, así como bajar de 30 a 25 años, la edad para ser titular de una secretaría de Estado del Poder Ejecutivo.
Karla Ayala Villalobos, diputada del PRI, argumentó que se requiere fomentar la participación política de las y los jóvenes. «Con ello, vamos a propiciar que los partidos políticos nos abran los espacios a las y los jóvenes que nos interesa incidir en la vida política del país. Es cuestionable porque sí podemos votar, pero no ser votados; se eliminan los estereotipos».
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) mencionó que en la Cámara de Diputados se tienen talentos que representan a la juventud y que hacen bien su trabajo; en el mundo, también hay ejemplos de liderazgo; sin embargo, dijo, hay amenazas para controlar la edad y a los llamados junior «por el pago de favores».
Mediante zoom, la diputada Lilia García Anaya (Morena) afirmó que el tema es de gran importancia para que todos los grupos sociales tengan representación en el país, pero es preocupante la reducción de edad para ser secretario de Estado, «se debe analizar más de fondo el tema».
Por plataforma digital, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), celebró este momento histórico para las juventudes del país, pues han demostrado experiencia y talento; es necesario destruir barreras y eliminar la discriminación, «ya que somos sujetos de derechos y obligaciones».
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) aplaudió las reformas que abonan al relevo generacional y el impulso a los jóvenes «mismos que no debemos privar de sus derechos; es congruente votar y ser votado a los 18 años y ocupar cargos de elección popular».
Expulsión justificada de extranjeros
De igual modo, la instancia legislativa ratificó, en lo general, con 23 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, el dictamen que reforma al artículo 33 de la Constitución Política, en materia de libre manifestación de las ideas y expulsión justificada de extranjeros.
Se menciona que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución Política, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas.
Se establece que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley ante autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional.
En lo particular, se aprobó con 21 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, la modificación al párrafo tercero del artículo 33 de la Carta Magna, para que la ley establezca los límites de la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del país.
Al presentar la reserva, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) argumentó que es una reforma de gran calado, al ampliar los derechos de la libre manifestación de los extranjeros «No hay intención de amordazar a nadie y respetar la expresión de ideas no solo de los connacionales, sino de los extranjeros; buscamos no abrogar el tercer párrafo, sino modificarlo para que la ley establezca los límites de su participación».
El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) puntualizó que no se debe perder el valor de los conceptos, en particular, la palabra inmiscuirse, por lo que debe hacerse un análisis y un debate profundo de por qué el constituyente lo estableció así.
Por Morena, la diputada Andrea Chávez Treviño mencionó que en ningún momento del último Siglo se ha aplicado este artículo, «ha habido amagos e intentos en algunos sexenios: hay una utilización política de este articulado; se aplaude la posibilidad de que las y los extranjeros manifiesten sus ideas, así como el mecanismo de audiencia previa».
Zonas metropolitanas
Con 32 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, diputadas y diputados de las Comisión de Puntos Constitucionales, avalaron en lo general, el dictamen a los artículos 73, 115 y 116 de la Carta Magna, en materia de zonas metropolitanas. En lo particular, el dictamen fue aprobado por 32 en pro, uno en contra y cero abstenciones.
La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena), a nombre de diversas diputadas, presentó reservas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, dado que son materias que se encuentran reguladas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Se plantea, dijo, suprimir dichos conceptos y únicamente enfocarse en la materia de desarrollo metropolitano, cuya complejidad requiere contar con un marco legislativo propio, expedido por el Congreso a manera de ley general, como se expidió en su momento la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Por Morena, la diputada Flor Ivone Morales Miranda expresó que es fundamental modificar los artículos para añadir el concepto de zona metropolitana, acorde por el grupo institucional integrado por Sedatu, Conapo e Inegi, para la delimitación de las zonas metropolitana. «No existe una invasión de competencias ni una vulneración a la autonomía de los municipios».
Prisión preventiva oficiosa
La Comisión ratificó con 21 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el dictamen al artículo 19 de la Constitución Política, para ordenar la prisión preventiva oficiosa por el tráfico ilegal de armas de fuego.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) mencionó que se busca adicionar un delito elevado a la categoría de prisión preventiva oficiosa; los argumentos se esgrimen en la teoría de los derechos humanos frente a las razones de Estado traducidas en seguridad nacional.
Del PVEM, la diputada Eunice Monzón García afirmó que el tráfico de armas es uno de grandes problemas que enfrenta México, pues sean o no del uso exclusivo del Ejército, han cobrado miles de vidas y son utilizadas para cometer delitos que afectan la economía del país, la seguridad y la tranquilidad y el orden social. «Se debe detener el flujo de armas y el dictamen nos ayudará a tener mayores elementos para castigar a quienes las introducen de manera ilegal».
El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) sugirió transitar hacia una nueva institución que dé garantías, porque la prisión preventiva se usa con fines políticos. «La reforma es ociosa, pues ya está regulado y está totalmente cubierto; hoy los grupos trafican armas de uso exclusivo del Ejército; es pura pirotecnia legislativa».
Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena, mencionó que no es ociosa la reforma a la Carta Magna, dado que busca aplicar e incluir la prisión preventiva por el tráfico ilegal de armas de fuego. «Por eso, es necesaria la reforma».
Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell argumentó que la figura de prisión preventiva oficiosa y esta reforma son inútiles, pues lo que se debe hacer es fortalecer a las Fiscalías para la persecución de los delitos graves o no graves.
Lenguas nacionales
Con 26 votos a favor, cero en contra y 8 abstenciones, la Comisión aprobó en lo general, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2º de la Constitución Política, en materia de lenguas nacionales.
En lo particular, fue validado por 29 votos a favor, uno en contra y 7 abstenciones, para incluir un artículo segundo transitorio y señalar que son lenguas indígenas nacionales las comprendidas en el catálogo publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
El diputado Robledo Ruiz mencionó que las 68 lenguas nacionales son expresiones de los múltiples grupos étnicos de origen prehispánico que viven en el país. Mencionó que el diputado Irán Santiago Manuel (Morena), presentará una reserva para hacer una acotación que deje con claridad posibles repercusiones económicas por la reforma constitucional.
Desde plataforma digital, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) argumentó que diversas industrias han manifestado que la reforma puede generarles complicaciones económicas, por lo que planteó anexar un transitorio para que se enumeren las lenguas, de conformidad con el catálogo publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2008, y que la difusión, uso y empleo, no imponga obligaciones que representan cargas económicas a terceros.
El diputado del PT, Pedro Vázquez González consideró necesario seguir apoyando las iniciativas que permitan construir derechos de todas las personas y en beneficio de las y los indígenas para conservar sus tradiciones y cultura. «Las lenguas juegan un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la paz, por ejemplo, para ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento en su lengua, cultura y para seguir preservándolas».
Acuerdan trasladar asunto a una siguiente reunión
Con 21 votos a favor y 15 en contra, se aceptó la propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), para que el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, en materia de días de descanso, se discuta en su reunión del miércoles 29 de marzo, a fin de mejorar la propuesta y hacer consultas con las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.
Desde plataforma digital, la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) aplaudió que se posponga el análisis del dictamen; sin embargo, pidió se tomen en cuenta las propuestas de todos los grupos parlamentarios que vayan en este sentido, a efecto de hacer un análisis más amplio en beneficio de las y los mexicanos.
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) llamó a retomar todos los temas sobre la jornada laboral, ya que desde hace 40 años se han presentado propuestas. «No se trata de ver quienes ponen las iniciativas, sino cumplir una deuda con las y los trabajadores del país; es una demanda de justicia social; buscamos que no haya una jornada mayor de ocho horas diarias».
Mediante zoom, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) pidió seguir con la discusión del dictamen que recoge anhelos, aspiraciones y de justicia laboral de las y los trabajadores del país.
Por plataforma digital, la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) argumentó que son pocos los países del mundo en donde la jornada laboral incluye los sábados, ya que trae problemas de salud y de convivencia familias. «A más de 130 años, no se ha hecho una modificación; no es momento de parar estas iniciativas; como legisladores, debemos velar por las y los trabajadores».
El diputado Salvador Caro Cabrera Salvador (MC) destacó que es necesario pugnar por cumplir con la norma sobre cinco días por semana y no mayor a ocho horas diarias, pues otro tipo de jornada laboral genera rupturas y costos familiares que «nos han llevado a una situación de violencia que se vive en el país».
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, diputada de Morena, precisó que en su partido están a favor de las y los trabajadores, «vamos a ir brazo con brazo y codo con codo con ellos; pero hay propuestas que deben revisarse; no se trata de no aplazar, sino de revisarlas».