Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la alarmante y continuada violencia dirigida a personas defensoras de derechos humanos durante el segundo cuatrimestre del 2023 y urge que los Estados tomen medidas para prevenirla, así como para investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Entre los meses de mayo y agosto, la CIDH observó que la violencia contra personas defensoras se ha mantenido en números alarmantes conociendo sobre el asesinato al menos 36 personas defensoras en la región.
La Comisión observa con preocupación que la mayoría de los asesinatos registrados siguen siendo contra personas que se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente. Recuerda que las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias y que la labor de quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
En Brasil, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró el asesinato de al menos 3 personas defensoras. El 20 de agosto murió hospitalizado el líder indígena Venancio Xirixana luego de un ataque el 29 de abril en la comunidad de Uxiú, región Alto Mucajaí, Tierra Indígena Yanomami. El 17 de agosto fue asesinada la lideresa quilombola Bernadete Pacífico, en Salvador, Bahía. Según información pública, 3 personas fueron arrestadas por su posible vinculación con el asesinato. El 1 de mayo en Boa Vista, Roraima se encontró el cuerpo sin vida de la lideresa indígena Yanomani Angelita Prororita Yanomami, quien estuvo desaparecida por más de un mes.
En Colombia, OACNUDH verificó 23 casos de asesinatos de personas defensoras, otros 36 estarían en proceso de verificación. En julio, fueron asesinadas las personas defensoras indígenas, sociales, comunal y también LGBTI: Salomón Duran en Arauca, Arauca; Franklin Elias Pabon Camacho en Malambo, Atlántico; Yonnis García Nastacuas en Ricaurte, Nariño y César Tapias en Ituango, Antioquia.
En junio fueron asesinadas 13 personas defensoras, líderes, lideresas y defensores indígenas y afrodescendientes sociales y comunales: Nelson Medina Muñoz en Gigante, Huila; Marcos Canticus Nastacuas en Barbacoas, Huila; Sebastian Lucumí en Suárez, Caua; Alexander Chocué Peña en Caldono, Cauca; Alejandro Forero Valderrama en Tuluá, Valle; Emiro Nel Sánchez Medrano en San Pelayo, Córdoba; Marcelino Dagua Baicue en Jambaló, Cauca; Blanca Ligia Marin en Miraflores, Guaviare; Marcelino Martinez Cuadros en Tame, Arauca; Custodio Yucuna en Pedrera, Amazonas; Eglis Escorcia Carranza en Bosconia, César; Luis Gabriel Martinez Pérez en Puerto Asís, Putumayo y Jairo Enrique Tombe en El Tambo Cauca.
Respecto de mayo se registraron los asesinatos de los lideres y lideresas indígenas y sociales Herinsol Libardo Mora Rodríguez en Tame, Arauca; Sergio Luis Castro en Tibú, Norte de Santander; Yenifer Córdoba Henoa en Calamar, Guaviare; Jhon Fredy Rueda Rodríguez en Sincelejo, Sucre; Jhon William Vargas Peña en Jambaló, Cauca y Diego Fernando Papamijo Chilito en Balboa, Cauca.
El Estado colombiano informó a la CIDH sobre la expedición y puesta en marcha de la política de desmantelamiento de organizaciones responsables de asesinatos y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de partidos políticos de oposición y personas que hacen parte de la implementación de los Acuerdos de Paz, y está orientada a la afectación de los eslabones criminales desde una perspectiva de seguridad humana, buscando como fin último la protección y promoción de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables.
En Guatemala, el 8 de mayo fueron asesinadas las defensoras e integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Nicolasa López Méndez y Victoria Méndez Agustín en San Luís Jilotepeque, Jalapa. Al respecto, el Estado guatemalteco informó estar ejerciendo las acciones necesarias para individualizar a los posibles responsables. Señaló que, el caso se encuentra en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del departamento de Jalapa y que habría una persona vinculada al proceso por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos 5 personas defensoras en este periodo. En mayo fue asesinado el defensor Tolupán Amilcar Vieda en Yoro, Departamento de Yoro y el defensor indígena Jacinto Meza en Dulce nombre de Culmí, Olancho. OACNUDH registró el asesinato de tres personas defensoras más cuyos nombres se reservan por temas de seguridad.
En México, cifras de OACNUDH indican que al menos 3 personas defensoras fueron asesinadas con posible relación con su labor. Entre mayo y julio fueron asesinados el defensor LGBTI Ulises Nava Juárez en Aguascalientes, Aguascalientes; el defensor del medio ambiente Álvaro Arvizu en Tlalmanalco, Estado de México, y la madre buscadora Teresa Magueyal en Celaya, Guanajuato.
Ante las elevadas cifras de asesinatos, es urgente que los Estados conduzcan las investigaciones correspondientes de forma exhaustiva, seria e imparcial, y que tomen como primera hipótesis la posible vinculación de la labor de defensa de las víctimas. Asimismo, los Estados deben incorporar un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a familiares con garantías de no repetición.
En este periodo, la CIDH también recibió información sobre otros actos de violencia. El 21 de mayo, la integrante de Madres Buscadoras de Sonora, Yenesina Guadalupe Durazo, fue desaparecida en México. Según información pública, regresó a su domicilio tras un operativo de búsqueda realizado por la Fiscalía General del Estado de Sonora.
La Comisión también recibió información sobre el caso del defensor del territorio Alejandro Torres Chocolatl en México, quien habría sido detenido el 30 de junio y liberado el 24 de julio al no comprobarse los delitos de ataques a las vías de comunicación, seguridad en los medios de transporte y obstaculización de obra pública.
El Estado mexicano indicó a la Comisión que a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha brindado atención a personas defensoras y sus familiares, incorporándolas al mismo e implementando medidas de protección, las cuales se encontrarían vigentes.
La Comisión recuerda que la criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento tiene un efecto amedrentador y puede generar una paralización del trabajo en defensa de derechos humanos.
Durante este periodo, la CIDH también recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos en países como Guatemala, México y Venezuela. Preocupa especialmente que estos pronunciamientos provengan desde las más altas autoridades de los Estados, quienes de manera pública emiten cuestionamientos y acusaciones sobre la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de derechos humanos y, en otras ocasiones, les relacionan con actividades criminales.
La Comisión recuerda que la descalificación de las labores realizadas por personas defensoras a través de pronunciamientos públicos por parte de funcionarios del Estado genera una estigmatización y puede promover un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población lo que dificulta el ejercicio de la libertad de asociación.
Ante la persistencia de la violencia contra personas defensoras, los Estados deben facilitar las y condiciones necesarias para garantizar el libre ejercicio de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y erradicar violaciones por parte de agentes estatales o particulares.
Los Estados deben promover el reconocimiento público e inequívoco de la importancia de la labor desempeñada por personas defensoras dentro de sociedades democráticas y protegerlas ante situaciones de riesgo, e investigar pronta y efectivamente los actos de violencia a fin de prevenir su repetición.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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