Santiago de Chile, 23 ene (EFE).- Los partidos políticos chilenos tienen de plazo hasta este lunes para presentar sus listas de candidatos a la comisión de 24 expertos que redactarán el borrador que servirá de base al Consejo Constituyente para elaborar la nueva propuesta de Constitución a partir de junio.
Se trata de dos listas cerradas de 12 especialistas (una para votar en la Cámara de Diputados y otra en el Senado), que deberán ser paritarias, con seis mujeres y seis hombres, y que tendrán que contar con el apoyo de 4/7 de los diputados y senadores.
Este martes el Congreso elegirá a los candidatos de cada una de las listas, que en la Cámara Baja necesitarán 88 votos, y luego en la Alta requerirán 28 apoyos, aunque no hay certeza si la votación será mañana martes.
Hace semanas que las fuerzas políticas discuten sobre los nombres que pueden presentar como expertos constitucionales. Para algunos partidos no ha sido una tarea fácil porque sus mejores cuadros participaron en el anterior proceso constituyente y ahora están inhabilitados. En el caso de los partidos de Gobierno, además, muchas figuras están actualmente trabajando en el Gobierno.
La nómina de expertos dará las primeras pistas sobre cómo será el futuro Consejo Constitucional y qué perfil tendrán los expertos y consejeros protagonistas del proceso.
El pasado 11 de enero la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma constitucional que habilita el segundo proceso constituyente para que Chile tenga una nueva Carta Fundamental en el plazo de un año.
Los integrantes del llamado Consejo Constitucional serán elegidos en las urnas el 7 de mayo y tendrán hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto que luego votará la ciudadanía en un plebiscito el 17 de diciembre.
A diferencia del proceso anterior, el acuerdo actual incluye 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional, como la que el pasado 4 de septiembre rechazó más del 62,5 % de los votantes y que fue redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos.
Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).