En días pasados, lo que parece ser una decisión unilateral, la Secretaría de Educación Pública «suspendió indefinidamente» la aplicación de evaluación para admisión, promoción y permanencia del magisterio. Uno de los temas que más se discutieron y causaron el repudio de la sociedad fue el tema de la evaluación porque suponía atentar contra los derechos laborales de los maestros.
Si en algo los ciudadanos coinciden en mayoría es que se acaba el tiempo para empezar a ver los resultados de las grandes reformas concretizadas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. La educación, como fundamento de la sociedad y necesaria para la competitividad en el conocimiento y habilidades, es un campo de sumo interés y alto cuestionamiento social.
Es por ello de vital importancia para el Estado Mexicano concretizar los cambios en materia educativa en cuanto el mejoramiento de la calidad en la acción educativa. La evaluación al desempeño docente resulta un pilar fundamental para lograr cumplir con ese reto. Por lo cual, ante la situación de suspensión sin mediar una explicación racional y transparente se abre a la especulación y el «sospechosismo» que crea incertidumbre en las condiciones de aplicación t consolidación de la Reforma Educativa.
Constitucionalmente, en el artículo 3° relacionado con la materia educativa, se establece claramente que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el organismo autónomo para ejecutar los procesos de evaluación docente. Su postura de extrañeza y desconocimiento previo del anuncio de «suspensión», aunado a su exigencia de reponer de forma inmedianta el procedimiento, genera en el docente y en la sociedad un clima de mayor incertidumbre que afecta al Sistema Educativo Nacional.
Se lamenta la tibieza del actual Secretario de Educación, Emilio Chauyfeet. De nada sirvieron los discursos que mostraban firmeza para emprender las acciones que la actual Reforma Educativa exige al Sistema Educativo Nacional.