La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia, señala la relatora especializada especialista en este derecho.
Una experta* de la ONU expresó este lunes su grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
«El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, la Constitución requiere la elección de candidatas y candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad en el proceso», afirmó Margaret Satterthwaite, relatora especial** sobre la independencia de magistrados y abogados.
La experta destacó que la ausencia de acuerdos políticos se ha traducido en el vencimiento de los mandatos de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
«La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia», recalcó la experta.
El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se hubieran celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales.
A fines de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional «de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades», según la sentencia 0049/2023.
El derecho a un juicio justo
«El derecho a un juicio justo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) especifica que un tribunal competente, independiente e imparcial es una de las garantías del debido proceso,» dijo Satterthwaite.
Destacó que las normas internacionales sobre la independencia de la judicatura dejan claro que el requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces, y a las garantías relativas a su seguridad en el cargo y a sus condiciones de servicio.
«Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido», dijo Satterthwaite.
La relatora especial recordó que su antecesor realizó una visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia en febrero de 2022. «Insto a las autoridades bolivianas a implementar las recomendaciones formuladas en su informe de visita», puntualizó Satterhwaite.
Ella también ha estado en contacto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con estas preocupaciones.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
**Margaret Satterthwaite es relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogadosFue nombrada en octubre de 2022. La profesora Satterthwaite es una académica y practicante internacional de derechos humanos con décadas de experiencia en el campo. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Boletín de prensa