Se informó que el 27 de octubre, en reunión extraordinaria, la Comisión emitirá su opinión respecto al PEF 2023
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), aprobó siete dictámenes en materia de protección animal, selvas, flora y fauna silvestre, agua, industria y derechos humanos.
Durante su décima reunión ordinaria, este grupo de trabajo avaló el dictamen a una iniciativa que reforma el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para castigar con multa que va de 40 a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien traslade ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin autorización correspondiente; omita la presentación de los informes ordenados por la Ley; posea colecciones de especímenes de vida silvestre sin contar con el registro otorgado por la Secretaría y realice actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre.
Se pide sancionar con multa de 400 a 150 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien realice actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a las disposiciones aplicables.
La diputada Castrejón Trujillo dijo que con este dictamen se duplican los montos de las multas aplicables de las infracciones que contempla el ordenamiento para castigar severamente esas conductas, pues es una de las grandes problemáticas en temas ambientales.
«Servirá para disuadir la realización de estos ilícitos y asegurar el cumplimiento de la ley, contribuyendo con ello a garantizar la protección de flora y fauna, en concordancia con el derecho humano a un medio ambiente sano», subrayó.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) se sumó al dictamen porque la reforma atiende al principio de proporcionalidad de las penas, establece que el monto deberá ser proporcional a la importancia del valor jurídico protegido por la norma, reconoce el valor de la vida silvestre como componente del derecho a un medio ambiente sano, y busca disuadir la realización de nuevos actos ilícitos.
La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) expresó que el hecho de que las sanciones a quienes agreden la vida silvestre sean proporcionales al daño causado, puede ser instrumento de disuasión eficaz. Se pronunció a favor porque la pérdida de vida silvestre acelera el cambio climático y toda medida que vaya a favor de contrarrestarlo, es positiva.
Exhortos
Asimismo, se aprobó la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Selva Lacandona, conformada por las Secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, apoyen el desarrollo de proyectos de conservación que brinden sustento económico a las comunidades de la Selva Lacandona.
La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) expresó que en la zona persisten diversos problemas de derechos agrarios, gobernanza de solicitudes de apoyo para invasión y obtener dinero. Dijo que se busca amainar el problema a través del desarrollo económico de los «invasores potenciales».
La presidenta de la Comisión, Karen Castrejón Trujillo, indicó que se modificó la propuesta original por la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional e impulsar proyectos de conservación que brinden sustento económico a las comunidades y fomenten el desarrollo de proyectos productivos en la región.
A su vez, la diputada Bustamante Castellanos expresó que la Selva Lacandona es un pulmón del mundo y se debe hacer «todo lo que podamos para su protección y salvaguarda», y exhortar a la mesa interinstitucional a que manejen la información de manera transparente para beneficiar a la Selva Lacandona.
De igual forma, se aceptó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat para que revise la NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, y la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, y, en su caso, inicie el procedimiento de modificación, para su respectiva actualización, apegándose a las disposiciones vigentes de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
La diputada presidenta dijo que el tiempo para la revisión quinquenal de dichas normas está rebasado y el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 no contempla su actualización en próximas fechas.
El diputado Héctor Israel Castillo Olivares (PAN) destacó que, en el estado de Nuevo León, los tres órdenes de gobierno han hecho grandes inversiones en materia de agua y la actualización de las normas abonará a los temas de la crisis hídrica que se vive en la entidad, pues contribuyen a cuidar el agua que se tiene.
También se aprobó el dictamen al Punto de Acuerdo para exhortar a la Semarnat a que, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, revise y, en su caso, actualice la Norma Oficial Mexicana «NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo», conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Castrejón Trujillo explicó que en 2019 se publicó la última actualización del listado de especies en riesgo de esa Norma y la Ley General de Vida Silvestre prevé que ese listado debe ser revisado y actualizado cada tres años, y ante el inminente incumplimiento del plazo, se coincide con el exhorto para que la autoridad inicie los trámites para revisar y actualizar este importante instrumento.
Se aceptó también la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Semarnat que fortalezca acciones y medidas de conservación de la vaquita marina. Además, para que esa misma dependencia y las secretarías de Marina y de Agricultura y Desarrollo Rural, refuercen las acciones de inspección y vigilancia en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina.
Castrejón Trujillo destacó que México ha realizado evidentes esfuerzos importantes para la conservación de esta especie, no obstante, su gran fragilidad hace necesario fortalecer los mecanismos de conservación para evitar su extinción.
También se avaló el dictamen referente al exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que fortalezca las medidas de inspección y verificación en materia de industria dentro del municipio de Apodaca y el estado de Nuevo León, para que, en su caso, aplique sanciones en los términos que señale la legislación correspondiente.
La presidenta explicó que ese municipio posee una intensa actividad industrial, por lo que se debe fortalecer la inspección ambiental para evitar afectaciones negativas a la población y al medio ambiente.
De la misma manera, se aprobó el Punto de Acuerdo para solicitar a la Profepa y, en los casos que corresponda, a los gobiernos de las entidades federativas, para vigilar y, en su caso, sancionar conductas que inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
Castrejón Trujillo expresó que se deben fortalecer esas acciones para vigilar y sancionar lo que obstaculice el disfrute de las playas.
La diputada Esther Martínez Romano (PT) solicitó el apoyo al exhorto y generar condiciones para que, en términos de derechos humanos de todas y todos, se obtenga el disfrute de las playas, pues en muchos estados las empresas turísticas impiden el acceso.
Asuntos Generales
En asuntos generales, la presidenta Castrejón Trujillo dijo que la junta directiva de esta Comisión acordó realizar el 27 de octubre la reunión extraordinaria para discutir y votar la opinión que se debe emitir sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.
Mencionó que el 15 de noviembre se aprobará el PEF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fijó como plazo a el 31 de octubre para que el resto de las comisiones envíen sus opiniones.
«Estamos en buenos tiempos para poder realizarla y que remitan sus observaciones, para integrarlas en el proyecto de opinión que se está trabajando y que se enviará para que la analicen», enfatizó.
La diputada Guadalupe Román dijo que se tiene una solicitud de la Semarnat para hacer una visita de reconocimiento de trabajos e información sobre los avances del proyecto ecológico del Lago de Texcoco, pues es una iniciativa específica que mayor asignación de recursos ha tenido y que la misma determinación presupuestal se prevé para 2023. «La población debe estar informada sobre el proyecto».
Castrejón comentó que se tiene considerada esa invitación y agregó que también está pendiente la visita al Izta-Popo con el comisionado en Áreas Naturales Protegidas.
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