Coinciden en que el marco jurídico que nos rige debe modificarse de acuerdo con las nuevas exigencias y características de la sociedad.
Senadores, magistrados y funcionarios analizaron en Michoacán la propuesta para expedir un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el sexto de una serie de foros que organiza la Comisión de Justicia del Senado sobre la iniciativa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, comentó que el proyecto tiene el objetivo de establecer procedimientos jurídicos agiles, útiles y honestos, que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requieran aquellas personas que acuden a los tribunales en búsqueda de la justicia.
Reiteró que no se puede soslayar que, ante los ojos del ciudadano, el sistema de justicia civil y familiar resulta lento, incierto, discriminatorio, complicado y oneroso para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio a través de abogados.
A través de un video mensaje, Ricardo Monreal exhortó a estudiantes, académicos, escuelas y facultades a contribuir y opinar sobre esta iniciativa, que cuenta con 894 artículos, distribuidos en 11 títulos, a fin de enriquecerla y poder aprobarla en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que, con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se trata de priorizar la oralidad y los sistemas alternativos de resolución de controversias para encontrar agilidad en la resolución de los asuntos.
Enfatizó que es relevante contar con un sólo cuerpo normativo de procesos civiles y familiares a nivel nacional, que genere certidumbre, evite disparidad de criterios y multiplicidad de plazos.
El legislador subrayó que la saturación judicial crea lentitud en el desahogo de los asuntos, la que se incrementa por el hecho que -durante mucho tiempo- hubo procedimientos con excesivos formalismos y procedimientos escritos.
Espino de la Peña tambien resaltó que este tipo de ejercicio es trascendental, porque como instituciones del Estado tenemos que lograr que el acceso a la justicia sea universal e incluyente.
Por lo que se necesita fortalecer a los tribunales y a los jueces que velan por ella, e instrumentar procesos ágiles y sencillos que sean comprensibles para la gente, subrayó.
El senador de Morena destacó que el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registró que, en el 2020, poco más de un millón 500 mil asuntos que ingresaron a los órganos judiciales, casi 39 por ciento fueron cuestiones familiares y 25 por ciento civiles.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, dijo que este foro busca analizar la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y del gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que tiene el objetivo de dividir el poder público y el privado, para que esa gran división entre derecho civil y público otorgue poder a los ciudadanos.
El secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torre Piña, dijo que el marco jurídico que nos rige debe modificarse de acuerdo con la dinámica cotidiana, las nuevas exigencias, que sea acorde a los tiempos y características de la sociedad, además de que busque la unificación de los procedimientos a nivel nacional en beneficio de la procuración y administración de la justicia.
Refirió que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2021, Michoacán registró siete mil 521 resoluciones en materia civil, y seis mil 724 fallos sobre casos relacionados en materia familiar.
En tanto, Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelia, consideró que este nuevo código nacional debe fortalecer a las instituciones, al desarrollo de los procedimientos civiles y familiares, permitir la igualdad en el acceso a la justicia y garantizar la solución de conflictos de forma pronta y sin discriminación.
Se debe considerar el uso de las tecnologías de la información, como a la firma y expedientes electrónicos, juicios en línea, audiencias a distancia, ya que con el uso correcto de estas herramientas se podrían despresurizar los juzgados, dar mejor atención a los asuntos que se judicialicen para ser mediados y conciliados, a fin de lograr una cultura de paz de los mecanismos alternos en la solución de conflictos, agregó.
Por su parte, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, consideró que el nuevo código debe poner en el centro los derechos de las mujeres y el interés superior de niños y adolescentes, otorgar transparencia de los procesos, evitar la corrupción de servidores públicos y litigantes, fomentar la profesionalización y el ejercicio responsable de los abogados.
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