En los días pasados México lució ante el mundo jurídico un mal rostro con el caso de la niña Alondra. La actuación de las autoridades, desde los diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, policía judicial y el juzgado civil que intervinieron con una total e irreverente falta de respeto a los Derechos Humanos de una adolescente. Justo cuando el país celebraba la promulgación de un marco jurídico específico en cuanto a la protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin tener la certeza que sólo la evidencia científica puede proporcionar una adolescente fue sacada, con lujo de violencia, de una escuela para ser entregada a autoridades que la enviaron a los Estados Unidos. No se respetó el principio de presunción de inocencia. Se actuó bajo el amparo de un tratado sobre el tráfico de niños, niñas y adolescentes. Pero sólo con base en dicho, sin la prueba contundente y fehaciente de la situación particular.
Inclusive se criticó que no existió un medio, protocolo e institución que protegiera en todo momento el interés superior del niño, que vela por la estabilidad emocional y psicológica del infante. Una reasignación familiar, que a todas luces de la razón es un evento traumático para cualquier sujeto menor de edad, debió realizarse con la protección, asesoría y mecanismos que permitieran que ese trance se realizará en los mejores términos.
¿Debería el Estado Mexicano resarcir el daño que indudablemente experimentó la familia de la “falsa” Alondra? Como resultado de malas decisiones en el manejo oficial del caso se agravió la estabilidad de una familia. Se actuó presumiendo una acción culpable de la familia en la sustracción de la menor, no se les permitió ser escuchados – contraviniendo el derecho a la audiencia – para presentar pruebas a su favor.
Ahora parece que sí se hicieron bien las cosas. Tuvo que ser la presión mediática la que impusiera la razón y el buen actuar de las autoridades. Ahora si se hizo lo que se debió hacer en su momento. La autoridad ha sido más que escrupulosa en la entrega de la verdadera Alondra a su madre que la exige en territorio norteamericano.
Mientras tanto, el caso mostró la gran fragilidad de nuestro sistema judicial que por más que se habla de una nueva época de Derechos Humanos, la discrecionalidad de los jueces en sus decisiones, acciones y justificaciones demuestran todo lo contrario.