En dos ocasiones, por casos de alto impacto mediático, la procuración e impartición de justicia en la CDMX se ha manchado por la ineficiencia e ineficacia.
El primer caso fue el juicio en contra de Mario Bezares, esposa y otros involucrados como presuntos responsables del asesinato del popular conductor Paco Stanley. Con pruebas más que circunstanciales se construyó una teoría que llevada a juicio no contó con el respaldo del juez y todos los involucrados salieron libres. En aquella ocasión se acusó a la autoridad de fabricación de expedientes, de actuar para acallar a la presión mediática en contra el gobierno por la muerte del conductor de TVAzteca.
Ahora otro caso. Aún y a pesar de estar enmarcado en otro sistema judicial donde predomina no solo la presunción de inocencia, sino también, la incompetencia de los investigadores para armar de forma correcta una carpeta de investigación para acusar formalmente al presunto responsable. Igualmente parece que la actuación de las autoridades en lugar de buscar la verdad histórica, se preocuparon por dar una solución rápida sin una verificación de elementos tan fundamentales en una investigación policiaca como lo es la ubicación del presunto responsable en la escena del crimen sin ninguna duda.
Como semejanza el involucrado es igualmente del medio del espectáculo. Pero resultó ser que este personaje estuvo fuera de México, con sus parientes y novia en otro país. Situación que estuvo muy bien fundamentada en las audiencias preliminares, por lo cual se resolvió dejarlo en libertad sin ninguna responsabilidad penal contra el acusado por las autoridades. Mientras duró ese proceso, el hoy inocente permaneció por 10 días encerrado en la cárcel, sufriendo en escrutinio de los medios faranduleros y además privado de su libertad para el trabajo.
Supuestamente con el nuevo sistema penal que privilegia la presunción de inocencia y obliga a una investigación más científica de los hechos criminales estos excesos de la autoridad, superarían los excesos de la autoridad en cuanto a detenciones arbitrarías y contra los derechos humanos.
Por lo cual, ante el reto de un nuevo sistema penal, parece que no se logra superar el “usted, disculpe”. Las autoridades siguen con detenciones sin fundamento, sin hechos fundamentados ni motivados.
Lo más irónico es que fue la administración de Mancera fue severa al criticar hace poco tiempo la reforma penal. Su queja se centraba en la posibilidad de que varios reos pudieran salir libres por la reclasificación de gravedad de los delitos. Sin embargo, vemos ahora que esa misma administración en la procuración de justicia tampoco tiene la capacidad de afrontar conforme a derechos humanos y los principios de investigación criminal científica.
Hoy el caso ya quedo entrampado. No hay a la vista un avance en la investigación de un feminicidio. La incompetencia de la administración de Mancera quedo al descubierto.