Panamá, un país de 4,2 millones habitantes que acumula 242.744 casos de la covid-19 y 3.975 muertos, vive desde noviembre un fuerte repunte de la pandemia que ha llevado al límite al sistema sanitario y que las autoridades están enfrentando con nuevos confinamientos.
Las restricciones de movilidad por género y número de identidad personal y la suspensión de la jornada laboral regirá entre el 4 y el 14 de enero en las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua Panamá Oeste, las más pobladas del país y también las que tienen el mayor número de contagios del nuevo coronavirus.
Con las impugnaciones «estamos diciendo que esta pelea no ha terminado, que la pelea se va a dar, primero para que esta cuarentena (de enero) no sea con hambre, y segundo para que se respeten los contratos que ya se habían reactivado», dijo Méndez.
Grupos de trabajadores de la construcción volvieron a protestar este jueves en la capital y algunos puntos del país para exigir que los salarios no sean suspendidos durante la cuarentena de enero, a la que, sostuvieron, no se oponen porque la consideran una vía para frenar el fuerte repunte de la covid.
Por su parte, el sector patronal ha expresado su rechazo a la nueva cuarentena con el argumento de que llevará a la quiebra a centenares de empresas, lo que elevará aún más el desempleo, y también ha pedido que se revise el decreto que establece el reintegro de los trabajadores suspendidos alegando que atenta contra la sostenibilidad de la economía formal.
La crisis de la covid elevó de 7,1 a 18,5 % el desempleo, la mayor tasa en 20 años, de 45 % a 52,8 % la informalidad, según datos oficiales hasta octubre pasado, y derrumbó en 20,4 % del producto interno bruto (PIB) de los nueve primeros meses del 2020.