En días pasados lo que se esperaba en el conflicto entre taxistas concesionados con Uber llegó al punto de la violencia. Yucatán se ha distinguido en ser un pueblo que trabaja en paz y en armonía social. Aspiramos a consolidar una sociedad democrática, que otorgue por lo tanto las oportunidades de desarrollo personal, económico y social.
Es por ello que se condena los actos violentos. La violencia no es el camino para resolver las diferencias, por más razón que se tenga.
Aunque también se entiende que la tecnología nos ha alcanzado. Esquemas tradiciones han sufrido transformaciones por el surgimiento de nuevas alternativas que cambian y evolucionan el mercado.
El Estado garante de la democracia debe propiciar las condiciones que permiten consolidar todas las oportunidades, lo que se viene haciendo y lo que viene por la tecnología misma.
Es por ello, que independiente de la atención que las autoridades del Ejecutivo del Estado ejecuten contra los agresores, la determinación de modificar la Ley del Transporte Público de Yucatán es una medida necesaria y pertinente para ajustar el marco legal a los factores de cambio social que están enmarcados en la evolución tecnológica.
Celebramos la apertura y la decisión del Gobierno del Estado en resolver por la vía institucional y legal las lagunas que en la materia existen por la innovación tecnológica. Exhortamos a los diputados de la actual legislatura a estar a la altura de las necesidades sociales. Que sea responsable y comprometida la discusión y aprobación de la ley.
Por nuestra parte nos sumamos a los esfuerzos para mejorar la sociedad. Los ciudadanos queremos paz, pero también, legalidad.