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Prohibir a patrones exigir carta de antecedentes penales a trabajadores

 

La diputada Rocío Nahle García (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir a los patrones o a sus representantes el solicitar a los trabajadores constancia de antecedentes penales, por considerar que dicha exigencia es violatoria de los derechos humanos.

La modificación, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y firmada por los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, considera que la información referente a condenas penales que generan un antecedente, debe ser reconocida como dato personal sensible.

El texto puntualiza que, a pesar de los enormes avances que ha logrado nuestro país en materia de derechos humanos, existen lagunas legales que han permitido oficializar su práctica, respecto a la discriminación laboral, por tener antecedentes penales.

“En México, existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. En caso de que la persona que busca empleo no la tenga o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que les niegue el empleo”, destaca la iniciativa.

Agrega que esta práctica constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo primero de la Carta Magna, así como con el principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia, porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.

Menciona que las personas que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito, sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal; eso implica que se les señale por esta condición, agrega.

“En estos casos, los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado y quienes se encuentran en este supuesto, llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa”, afirma la iniciativa.

 

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