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Necesario incorporar los derechos a los indígenas a la Constitución

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), se pronunció por el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, por garantizarles la consulta libre e informada y por el desarrollo sostenible y sustentable que demandan, así como por evitar que los recortes presupuestales afecten a estas comunidades. 

Se trata de “reivindicarnos con ellos. Desde nuestras trincheras y ámbitos, debemos ayudar a mejorar sus condiciones de vida y propiciar su desarrollo”, pues el 20 por ciento de la población de México se ubica en comunidades indígenas, en donde sobreviven 68 pueblos que conservan todos sus elementos culturales, añadió. 

En el foro “Diversidad étnica y cultural, dimensión clave del desarrollo rural sustentable”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Coheto Martínez subrayó que el destino de los pueblos indígenas no es la pobreza, ni pueden seguir siendo víctimas de políticas públicas equivocadas. 

“Si estas acciones no dan los resultados, creo que moralmente los que instrumentan y ejecutan las políticas públicas deben hacer una evaluación profunda para reorientarlas. Podemos cambiar la pobreza, a través de la denuncia de los desvíos de recursos y de los errores en las estrategias. Debemos reorientar la política de desarrollo sin descuidar la social”, abundó. 

Adelantó que presentará un punto de acuerdo para que en todas las dependencias se cree una instancia que tenga que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas, de tal suerte que los recursos que de manera trasversal se distribuyen a través del anexo 10, se les dé el puntual seguimiento y se procure que verdaderamente impacten al desarrollo”. 

Apuntó que “hay mucho que discutir, proponer y hacer a favor de los pueblos indígenas. Hoy las universidades están tratando de dar un espacio a las aportaciones culturales de los grupos indígenas, pero sobre todo a fortalecer la identidad”. 

Coheto Martínez expuso que los programas de desarrollo han fracasado, porque en su diseño no se toma en cuenta a estas comunidades. “Se requiere enriquecerlas y fortalecerlas, pero no ignorarlas. El desarrollo rural tiene que sustentase en el respeto de la diversidad cultural que caracteriza al país. Los programas sociales deben surgir desde las entrañas de los pueblos indígenas; debemos ofrecerles mejores opciones de vida”. 

El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, dijo que es fundamental incorporar al texto constitucional los derechos de estas comunidades que se excluyeron en 2001, los cuales han sido reconocidos por Naciones Unidas. En 2014, afirmó, el Ejecutivo federal estableció una directriz para armonizar la legislación, “pero no se ha podido concretar”. 

Comentó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es una de las dependencias que más sufre por los recortes presupuestales; el pasado reajuste, fue de más del 51 por ciento, a pesar del reconocimiento de los pueblos y de que, con la reforma del 2001, se atenderían los niveles de pobreza con los programas sociales. 

Desde la entrada de Donald Trump a la presidencia de EU, relató, se ha buscado modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque el acuerdo es beneficioso para México, con una balanza comercial positiva, ésta se debe fundamentalmente al sector automotriz, pero por cada empleo generado en este rubro se pierden dos o tres en el campo, es decir, no se ha modificados “la injusta realidad del campo”. 

Argumentó que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, es el primero en oponerse a la cancelación del TLCAN, porque las condiciones para el campo mexicano “benefician a la producción agrícola norteamericana en demerito de nuestra capacidad productiva. Nosotros generamos 24 millones de toneladas de maíz e importamos entre 12 y 13 millones de toneladas, producidas en los estados que le dieron la votación clave a Donald Trump”. 

Antonio Fragoso Olivares, subdirector de Fomento a la Productividad y Producción Indígenas de la CDI, pidió que los instrumentos normativos que orientan el quehacer y la transversalidad de las instituciones, como el Programa Especial Concurrente (PEC) y la Cruzada Nacional contra el Hambre, se amplíen y generen no sólo espacios de discusión y reflexión, sino acciones operativas. 

Esto, dijo, debe ir acompañado de una base presupuestaria y funcional. Además, consideró vital mantener el proceso de planeación de mediano y largo plazos, pues muchas de las instituciones públicas y políticas están construidas a través de procesos de metas inmediatas. 

Consideró indispensable que todas las acciones y programas que realicen las instituciones públicas y los diferentes órganos de atención tengan un enfoque de desarrollo de capacidades. “Sabemos que no es suficiente que las comunidades tengan accesos a los financiamientos, infraestructura o apoyos, si no van acompañados de un proceso de empoderamiento, ya que las inversiones no tendrán el impacto esperado”. 

La directora de Educación Media Superior y Superior, de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, de la Secretaría de Educación Pública, María de Lourdes Casillas, indicó que a través de diversos programas se desarrollan líneas específicas relacionadas con el desarrollo de las lenguas, las culturas y el progreso propio de las comunidades indígenas. Añadió que, a la fecha, 23 lenguas nacionales son atendidas en las universidades del país, además del español. 

En estas instituciones, añadió, los propósitos son formar profesionales comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas de México, que sean capaces de recuperar las expresiones culturales de las comunidades y sus valores, y mantener la relación cercana con los pobladores en sus propias lenguas. 

También, expuso, revitalizar las lenguas originarias para lograr fortalecer el bilingüismo oral y escrito, tanto en las comunidades como al interior de la institución. 

“Las universidades forman generaciones de profesionales con sólidas raíces, capaces de involucrarse en el análisis y la atención de la problemática que conllevan los desafíos económicos, políticos y sociales que han venido impactando negativamente a los sectores desplazados de los beneficios del progreso económico”, concluyó.

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