Un Estado de Derecho es aquel que logra ser claro y certero en todos los procesos judiciales y legales aplicados con justicia y rectitud legal, garante de los derechos y obligaciones de los involucrados y con pleno respeto a los bienes jurídicos tutelados y que se consideran buenos para la sociedad.
Si algo criticamos muchos mexicanos de nuestro sistema de justicia penal, por poner un ejemplo de la disfuncionalidad institucional, es la facilidad en que los presuntos criminales salen librados de los procesos y de las consecuencias jurídicas de los delitos. Deterioro que afecta la credibilidad institucional y vulnera la percepción de confianza en las instituciones.
No se pretende el regreso a un sistema violador de derechos humanos por su valor inquisitivo. Lo que, en inteligencia y razón se demanda, es que los que vulneran los derechos de las personas y afectan a la sociedad paguen al sistema las culpas y consecuencias de la conducta criminal.
Lo que más daño hace a la sociedad es que vaya con el tiempo perdiendo la confianza en la vida institucional y mucho más en las instancias que procuran e imparten justicia. Según se suponía, la época de los ajustes de cuenta personales se afirma ya debe estar superada por el sistema institucional y humanitario que pone en escarmiento la conducta criminal de una persona y en la medida posible permite una reparación de los daños.
Es por ello, que la impunidad que implica no dar castigo a los supuestos y evidentes culpables es también una forma de CORRUPCIÓN al vulnerar el Estado de Derecho.
Castigar a los responsables es parte de la función represora del gobierno, entendiendo como éste al organismo público que debe vigilar y consolidar la paz y la armonía social. De no hacerlo, el Estado claudica de tan importante función que nos permite como sociedad vivir en paz y con armonía social.
Indultar de responsabilidad penal a los pobres por su condición de pobreza constituye un elemento más de discriminación social como igualmente seguir sosteniendo que solo los ricos pueden librar procesos judiciales por su capacidad de dinero.
Para ambos casos el fortalecimiento en la procuración e impartición de justicia es consolidar el acceso y los procesos para contar con aplicación de la justicia que no dependa del cuánto tienen las partes para llevar a cabo el proceso.
Dejar al pobre sin responsabilidad penal de sus acciones es abrir la ruta de la desvalorización integral de los bienes y valores que jurídicamente la sociedad y los marcos jurídicos tutelan por considerar fundamentales para el orden y estabilidad social.
La ley es general y abstracta. Lo primero porque debe aplicar a todos sin excepción ni discriminación mucho menos con segregación. La segunda es la caracterización esencial de las conductas. Diferenciar por condición resulta ir contra un auténtico Estado de Derecho.