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Generar y fortalecer la cultura de prevención en el uso de seguros

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (PRD) planteó reformas a las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Instituciones de Seguros y de Finanzas, y General de Protección Civil, con el fin de generar y fortalecer la cultura de prevención en el uso de seguros de vida, pensiones, salud, accidentes, autos y de riesgos catastróficos. 

La iniciativa suscrita también por la legisladora perredista Cecilia Soto González propone que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) diseñe acciones y políticas integrales para la población en general, dirigidas, principalmente, a los grupos etarios más jóvenes y focalizando la atención en la prospección de riesgos a futuro. 

Establece que la Condusef se coordinará con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la Secretaría de Salud para garantizar la mayor amplitud en las acciones. 

También creará, en coordinación con el Inegi, una base de datos estadísticos sobre los usuarios de seguros, públicos y privados, que permitan a las dependencias y organismos del sector público diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la accesibilidad a los mecanismos de aseguramiento para los usuarios, y propicien la cooperación entre las aseguradoras y los prestadores de los servicios, favoreciendo la movilidad y el fortalecimiento del mercado privado. 

Agrega que junto con la Profeco crearán un instrumento permanente de comparación de costo/beneficio respecto de la oferta de las empresas que permitan al usuario obtener el máximo beneficio. 

Señala que en el caso de seguros de vida y salud se prohíbe la consideración de situaciones preexistentes en la condición física del usuario o el género del contratante que determinen la cobertura o el costo del seguro, salvo que éstas lo beneficien directamente. Asimismo, establece que la Condusef establecerá las condiciones para que, en el caso de estos seguros, su recontratación sea factor de disminución del costo. 

Propone que en caso de riesgos catastróficos, la contratación de seguros para proteger la vivienda y/o propiedad, será obligatoria. Las leyes estatales determinarán los mecanismos de contratación. 

La iniciativa que se encuentra en la Comisión de Hacienda y Crédito Público cita que la Cámara de Diputados, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, determinará los mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, para cubrir subsidiariamente este seguro para las viviendas ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria, determinadas en la correspondiente declaratoria anual. 

El documento considera que la cultura del aseguramiento prospectivo que atienda las principales necesidades de los ciudadanos es débil. Además, este mercado es visto como una oportunidad de negocio a corto plazo sin que las empresas se preocupen por la sustentabilidad a largo plazo. 

Añade que el Estado no se ocupa de fomentarla, de tal manera que constituya la oportunidad de generar mecanismos alternos que despresuricen a las finanzas públicas para la atención de necesidades, de todo tipo, a largo plazo, que pudieran ser cubiertas mediante el aseguramiento privado. 

Argumenta que el mercado asegurador se rige por un marco legal no adaptado ni actualizado a las dimensiones de la población nacional, la evolución de las características demográficas ni a las necesidades de los asegurados y privilegia los intereses de las empresas aseguradoras por encima de los derechos de los usuarios. 

La Ley del Contrato de Seguro data de 1935, agrega, y a pesar de algunas modificaciones, continúa normando los seguros privados para daños y para las personas sin tener en el centro de su mirada la protección de los asegurados. 

La propuesta menciona que el Estado mexicano no ha construido los mecanismos que permitan a las instituciones generar políticas públicas eficientes; tampoco tiene instrumentos de cooperación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios que garanticen la permanencia del usuario de seguros en el largo plazo. 

De igual forma, no ha provisto los elementos necesarios para que pueda contar con toda la información que le permita tomar mejores decisiones en relación a la contratación de seguros. 

De aprobarse la iniciativa, considera, se subsanarán estas deficiencias y establecerán mejores condiciones para que los usuarios de seguros privados puedan acceder a una mayor calidad de vida

 

 

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