Uno de los temas que son importantes para el desarrollo y consolidación del sistema de justicia son las personas encargadas de impartir justicia.
De acuerdo a nuestro texto constitucional se reconoce que el gobierno mexicano se organiza bajo el fundamento de un Supremo Poder de la Federación que para su ejercicio se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
La función del legislativo es la creación de las leyes. El Ejecutivo de aplicarlas. Por último, el judicial que deberá resolver los casos que son de su conocimiento conforme a la interpretación de la ley que corresponda.
Sobre el último recae entonces una gran responsabilidad ya que la interpretación que se haga es lo que resuelve un caso donde se espera que se aplique justicia. Una de las cuestiones que siempre se discuten es la incompatibilidad que se presenta en lo que es legal con lo justo. Entendiendo lo legal lo que se encuentra especificado en el conjunto de las normas jurídicas; mientras que, lo justo es un elemento subjetivo que es perceptivo y evaluado bajo determinados valores que apuntan a que se procura dar a cada quien lo que se merece.
Es por ello de que el juez, el magistrado o los ministros deben poseer características de preparación y de una comprobada carrera judicial, que sirvan de garantía para asegurar que los procesos judiciales cumplan con los mejores parámetros y la calidad que se le debe exigir.
En la organización de nuestro poder judicial existen la instancia del Consejo de la Judicatura que funciona como una instancia reguladora de la actuación de los responsables de impartir justicia. Es un organismo que analiza la actuación y revisa los actos, decisiones y acciones de los juzgadores para establecer, en su caso, de las sanciones que sean necesarias para remendar la labor judicial.
En la sociedad existe, por el elemento subjetivo de la justicia, un cuestionamiento sobre la credibilidad y funcionalidad de las instituciones. Un hecho que se ha encrudecido por el nuevo sistema de justicia penal que no termina de permear en la sociedad y, por lo cual, existe una apreciación de ineficiencia en el sistema de procuración de justicia.
¿Qué podemos hacer entonces para garantizar la eficiencia y eficacia del sistema de procuración de justicia?
Lamentablemente no existe en la población en general una preocupación sobre el tema. En los hechos cotidianos el que se interesa es porque tiene un problema legal que lo obliga a irse familiarizando de los términos, etapas y procesos judiciales.
Ha faltado por parte de los organismos que conforman el poder judicial un posicionamiento social de los procesos legales a su cargo. Como no es tema político, a diferencia de lo que pasa en los poderes ejecutivo y judicial, la gente no se compenetra a entender como es el proceso legal y la calidad de sus actores.
Igualmente se desconoce los diferentes procesos y mecanismos judiciales. Una ignorancia social en un tema que debería ser de debate público por ser parte del Derecho público.
Es por ello que urge más concientización y apoyo mediático, fomentar la educación cívica no solo en los valores sociales y democráticos, sino también, en las instituciones y sus características y funciones.
Una tarea que nos debe corresponder a todos, no solo a los especialistas del derecho.