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El Pleno aprobó 11 dictámenes para exhortar a diversas dependencias y gobiernos estatales

La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, 11 dictámenes a puntos de acuerdo que exhortan a diversas dependencias, así como a gobiernos estatales y municipales.

 

Condena por venta de niñas

 

Un dictamen avalado condena los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre, en la Comunidad de Dos Ríos, Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, realizados por la policía comunitaria “los cuales violentaron gravemente los derechos humanos de las menores y de la madre involucradas; así como cualquier acto que justifique la práctica de la venta de niñas, niños o adolescentes y/o el matrimonio infantil en las comunidades indígenas”.

 

Además, exhortó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que realice la investigación correspondiente, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y de las autoridades correspondientes, para determinar las responsabilidades penales en contra de las autoridades y de las personas que violentaron los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas.

 

Ello, con la finalidad de brindar justicia, protección y una reparación integral a las víctimas, desde una perspectiva basada en el marco de los derechos humanos, así como la adopción de medidas para garantizar la no repetición de estas acciones delictivas.

 

Asimismo, que la titular del poder ejecutivo del estado, promueva que el sistema estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres despliegue una campaña que inhiba esas prácticas.  

 

Fortalecer acciones para protección de menores migrantes

 

Otro dictamen solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar fortaleciendo las acciones, instrumentos y mecanismos tendientes a la protección y atención de las niñas, niños, y adolescentes migrantes no acompañados, a través de los consulados mexicanos establecidos en el territorio vigilando que en todo momento se respete por parte de las autoridades el interés superior de la niñez.

 

También se pide a la Secretaría de Gobernación que a través del Instituto Nacional de Migración fortalezcan los programas de atención migratoria garantizando, vigilando y protegiendo sus derechos humanos.  

 

Medidas sanitarias en favor de los educandos y personal

 

Del mismo modo, se avaló exhortar a las secretarías de Educación Pública y a la de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, garanticen, dentro de sus posibilidades, la implementación de todas las medidas sanitarias en favor de los educandos y personal educativo de educación básica, durante las clases presenciales en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)

 

Promover las herramientas digitales a educandos

 

También se pide a la Secretaría de Educación Pública y a sus 32 homologas en las entidades federativas para promover las herramientas digitales a su alcance con la finalidad de garantizar los derechos a la educación y a la salud de los educandos, durante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

 

Inclusión de diversidad sexual en los espacios laborales

 

También se exhortó a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a continuar promoviendo en el ámbito de su competencia, la igualdad, la no discriminación y la inclusión de la diversidad sexual en los espacios laborales.

 

Debate con principios de Estado Democrático de Derecho

 

Asimismo, un dictamen exhorta a las y los legisladores del Congreso de la Unión, y a los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, a garantizar que el debate público se realice con propuestas en concordancia con los principios de Estado democrático de derecho, la defensa y reconocimiento de los derechos humanos y, con pleno respeto a la dignidad de las personas.

 

Actualizar el Atlas Nacional de Riesgo

 

Se exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, actualicen el Atlas Nacional de Riesgo, así como los atlas estatales y municipales con la finalidad de incrementar la prevención y, en su caso, la recuperación ante los desastres naturales que afectan a los municipios, los estados y la Federación.

 

No cerrar oficinas de Profepa en Tijuana y Ensenada

 

Además, se avaló solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no cerrar sus oficinas de representación en los municipios de Tijuana y Ensenada, en el estado de Baja California, dada la importancia y urgente necesidad que presenta su presencia y efectiva participación en la vigilancia y conservación de los recursos naturales y ecosistemas de la entidad.  

 

Rescate de la cuenca del Río Duero, en Michoacán

 

Uno más, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que, en coordinación con las autoridades locales competentes, realice las acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del Río Duero, en el estado de Michoacán.

 

Parque Nacional «El Veladero», en Acapulco

 

Otro dictamen, pide a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en coordinación con las autoridades locales competentes, fortalezcan las acciones de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en el área natural protegida Parque Nacional «El Veladero», en Acapulco, Guerrero. Y a la Profepa que continúe con actos de inspección y vigilancia en dicha área y, en su caso, imponga medidas de seguridad y sanciones administrativas, o denuncie los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente.    

 

Congreso de Oaxaca subsane requerimientos por la SCJN

 

El Pleno aprobó exhortar al congreso de Oaxaca para que trace una ruta del proceso conducente a subsanar, a la mayor brevedad posible, los requerimientos ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 180/2020 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado el 20 de abril de 2020.

 

 

 

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