La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercios Marítimos y de Puertos, a fin de establecer que la Secretaría Marina (Semar) ejercerá la autoridad marítima nacional, en tanto que la promoción, desarrollo económico y actividades económicas las seguirá promoviendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El dictamen aprobado con 339 votos a favor, 38 votos en contra y 11 abstenciones y turnado al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales, delimita y redistribuye las atribuciones que en materia marítima y portuaria poseen la Semar y la SCT; entre otras, transfiere las capitanías de puerto a la Semar y estipula reglas específicas para el buen funcionamiento portuario.
Plantea definir que la Semar ejercerá la administración marítima de México para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad, así como el mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.
El documento detalla que le corresponderá a la Semar otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores, así como autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales, además de abanderar y matricular las embarcaciones.
La Semar se encargará de administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; el cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, salvaguardar la vida humana en la mar y prevención de la contaminación marina.
En su fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), señaló que la reforma pretende definir una sola autoridad marítima nacional, que dé cumplimiento con los compromisos nacionales e internacionales adquiridos en la materia.
Apuntó que estas modificaciones tienen la finalidad de concentrar la autoridad marítima nacional en la Secretaría de Marina, y transferirle de nueva cuenta la capitanía de puerto, pero no modifica el modelo de administración y desarrollo portuario, de fomento al desarrollo de la industria marítima y en general, toda la actividad económica y de negocios, el cual permanece bajo la supervisión y coordinación de la de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Ángel García Yáñez (Nueva Alianza) sostuvo que se garantizarán no sólo la certeza jurídica y el cumplimiento del Estado de derecho en todo el territorio, sino la seguridad marítima y lacustre de la nación.
Le corresponderá a la Semar el cumplimiento del orden jurídico en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, la salvaguarda de la vida humana en la mar y prevención de la contaminación, la imposición de sanciones por infracciones, así como nombrar y remover a los capitanes de puerto, entre otros.
Por Movimiento Ciudadano, diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez refirió que esta modificación era necesaria para establecer reglas claras en las funciones que garanticen un orden jurídico en las aguas nacionales.
“La idea es evitar confusiones, vacíos de autoridad y ante la comunidad marítima nacional e internacional. Por eso, quiero exhortar a la Semar y de la SCT a que se comprometan a capacitar a su personal para lograr que estos cambios se realicen de manera ágil y en beneficio de todos”, expresó.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (Morena) consideró que la Marina Mercante, con operación y administración en manos de personal civil debe mantenerse en la SCT, ya que poner en manos de militares los puertos atenta contra el desarrollo económico nacional, pues carecen de la experiencia administrativa para regular e instrumentar las políticas para apoyar la competitividad del comercio interior y exterior del país.
La Armada de México debe continuar concentrándose en esquemas de seguridad nacional y vigilancia de los litorales, y dejar en manos de personal civil las actividades de la Marina Mercante. “Sin duda, estas reformas van encaminadas a militarizar el país con resultados catastróficos”.
Por el PVEM, el diputado Jesús Izquierdo Rojas, dijo que entre los beneficios que traerán estas reformas, serán que las capitanías de puerto se fortalezcan con los medios operativos para la supervisión, inspección, vigilancia y capacidad de sanción.
“En nuestros puertos, hay que decirlo, existe tráfico de drogas, de armas, de personas, de especies protegidas, amenaza de cobro de piso, por mencionar algunos ilícitos, no sólo en embarcaciones, sino al transporte terrestre de carga proveniente de los puertos. En estas condiciones es necesario confiar en la experiencia y capacidad de nuestra Semar”.
En tanto, el perredista Rafael Hernández Soriano se expresó a favor de las modificaciones, ya que dan certeza y orden a los puertos que están “hasta ahora olvidados”.
“Hay que señalar que la necesidad de hacer estos movimientos para adjudicar las tareas de comunicaciones y transportes está plenamente justificada. Hay ineficiencia, hay un 20 por ciento solamente de alrededor de las embarcaciones que tienen matricula”.
El panista Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza subrayó que con esta reforma se cambiará el rumbo de la conducción y administración portuaria. Las funciones y competencias que hoy se discuten, mejorarán la comunicación de autoridades y definirá sus responsabilidades.
“Es bien sabido por todos que a lo largo y ancho de toda la zona federal marítima terrestre se cometen delitos graves como el transporte ilegal de mercancías, así como el transporte de narcóticos. Frente a ello, el Estado mexicano tiene que tomar acciones, poner orden, y eso es lo que se plante a través de esta reforma”.
Finalmente, el priista Carlos Federico Quinto Guillén manifestó que estas modificaciones del marco jurídico son necesarias para consolidar un centro logístico a nivel mundial, en beneficio de la competitividad y productividad para generar bienestar.
Aclaró que esta reforma no modifica el actual modelo de administración portuaria, pues mantiene bajo la coordinación y supervisión de la SCT el fomento y desarrollo portuario, el control de las administraciones portuarias integrales, y en general, toda actividad productiva de negocios y generadora de riqueza.
No crea duplicidad de funciones, sino que las evita, ya que transfiere y concentra las atribuciones de la autoridad marítima en una sola dependencia con medios y capacidades operativas, lo que la hará más eficiente en el empleo de los recursos del Estado, concluyó.