La Comisión de Economía aprobó el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley General de Mejora Regulatoria y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para establecer principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.
Será de orden público y observancia general en toda la República en materia de mejora regulatoria. No será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de contribuciones y accesorios derivados directamente de aquellas, responsabilidad de los servidores públicos, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Los beneficios serán: brindar seguridad jurídica para las personas; fomentar el establecimiento a nivel nacional de buenas prácticas internacionales; facilitar el cumplimiento regulatorio; proveer elementos que mejoren la calidad, viabilidad y confianza en las decisiones que tome el gobierno, contrayendo con ello, legitimidad, credibilidad y viabilidad a la normatividad, y otorgando mayor beneficio social con menores costos para las personas.
Generará una política de fortalecimiento institucional con normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles; logrará coordinación entre autoridades; el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios permitirá concertar la información; facilitará a la ciudadanía hacer negocios y ayudará a contar con una política de Estado que genere crecimiento económico en el país.
El presidente de la Comisión de Economía, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), expresó que la aprobación de esta ley requirió de una amplia consulta, un foro, encuentros con funcionarios y especialistas, y reuniones con organizaciones empresariales y productivas del país.
Juan Alberto Blanco Zaldívar, diputado del PAN, precisó que es una ley trasversal y no sólo atiende los problemas de la regulación económica, sino va a todo el gobierno e, incluso, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Nos obliga a la Cámara de Diputados a iniciar un procedimiento para que vayamos en el sentido de la mejora regulatoria”.
La diputada del PVEM, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, expresó que como buena política de la mejora regulatoria, este nuevo ordenamiento permitirá servicios y trámites más simples y simplificados, con instituciones más eficaces en beneficio de la sociedad. Habrá piso parejo en todas las entidades.
El director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez Caballero, indicó que esta Ley se ha trabajado desde hace tres años; ha sido ampliamente socializada y parte de un diagnóstico, donde se demostró que el sistema regulatorio del país, es complejo, basto, contradictorio y hace difícil a los agentes económicos y a los ciudadanos el cumplimiento de la regulación y de los trámites.
Primero se planteó una reforma constitucional que facultó a este Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Mejora Regulatoria, considerando el marco constitucional, experiencia lograda en la aplicación de esta política en los últimos 29 años y las mejores prácticas internacionales.
De acuerdo con diversos estudios, afirmó, existe un amplio retraso en estados y municipios en esta materia. El avance de esta política en el ámbito municipal está en 21 por ciento entre las ciudades más importantes del país; en el estatal, 35 por ciento y en el federal, 77 por ciento.
Gutiérrez Caballero argumentó que este nuevo ordenamiento contempla todos los ciclos de gobernanza regulatoria, desde la etapa de planeación, diseño, emisión e implantación de las mismas. Tener la totalidad de los trámites, costearlos, plantear estrategias de eliminación o transformación de trámite-aviso u de simplificación.
Al aprobarse la ley, en poco tiempo en México podremos pasar de un sistema regulatorio complejo a uno congruente, predecible, cierto, justo, transparente, eficaz, eficiente y que realmente contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho y a mejorar el clima de negocios que denote el desarrollo económico de la región.
“Queremos que los gobiernos sirvan a la gente y no se perciba que la gente le sirve a éstos, quienes le dedican demasiadas horas para el cumplimiento de la regulación y de los tramites”, afirmó el titular de la Cofemer.
Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial
En la reunión de trabajo, la Comisión aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, para modificar el concepto de marca y ampliar la protección de las marcas colectivas e incluir las de certificación.
El documento precisa que ambas marcas constituyen instrumentos que apoyan a pequeñas y medianas empresas, al permitirles potenciar su producto en el mercado y garantizan el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de bienes y servicios, de otros productores similares.
La propiedad industrial constituye un instrumento para mejorar el acceso a la innovación, aumentar la producción nacional innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su adecuada protección fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del país.
Alfredo Rendón Algara, director general adjunto de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se congratuló por que la Cámara de Diputado actualice el Sistema Mexicano en esta materia, pues la ley data de 1991 con una reforma en 1994, pero a partir de esa fecha ha habido un desfase en el sistema.
Con estas reformas se podrán registrar como marcas lo que se conoce como las no tradicionales, ya que al día de hoy solamente se pueden registrar las denominativas, que son perceptibles por la vista.
Se regula adecuadamente el procedimiento de oposición para las marcas, ya que hay problemas con algunas de ellas, donde empresarios de cualquier nacionalidad buscan apropiarse de las de terceros. “Debemos tener un procedimiento de oposición muy claro para evitar que esto pase”.
Rendón Algara subrayó que otro tema importante es la caducidad, ya que de acuerdo con el sistema mexicano si una marca no se usa en tres años, puede ser declarada caduca por un tercero que tenga interés.
Con estas reformas quedará un plazo de tres a cinco años, dando una mayor solidez al pequeño empresario que quiera desarrollar sus productos a futuro. Además, se precisa la figura de las marcas colectivas.
Prórroga para implementar juicios orales mercantiles
También, se avaló el dictamen a la minuta devuelta por el Senado de la República, relativa a establecer una prórroga para implementar los juicios orales mercantiles en las entidades federativas.
El documento reforma los artículos segundo, primer párrafo del artículo tercero; primer párrafo del artículo cuarto y quinto; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.
Con la adición de un artículo transitorio, se precisa que para todas las entidades federativas el decreto entrará en vigor seis meses después de los plazos previstos en los transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto.
Dicha medida responde a una necesidad que manifestaron representantes de la Confederación Nacional de Tribunales Locales, “pues no tienen la infraestructura ni han capacitado a jueces ni tienen recursos para implementar en este momento la justicia oral mercantil”.