home Internacionales Se presenta más represión en la población indígena en protestas en Perú

Se presenta más represión en la población indígena en protestas en Perú

El 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis de Perú ha sido de personas indígenas

 

NOTIPRESS.- De acuerdo con la organización proderechos humanos Amnistía Internacional, en las protestas de Perú se han registrado disparos de forma ilegítima de las autoridades a los manifestantes. Las protestas comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tras el juramento de Dina Boluarte como presidenta del país.

La investigación fue presentada por la organización el 16 de febrero de 2023 en su sitio web. Además se menciona, se realizó en en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero.

Dentro de esta investigación, Amnistía recopiló información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Según los datos mostrados en la investigación, aunque los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13 por ciento de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis de Perú.

Igualmente, se indica «el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales». Lo anterior, de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Pues de 12 casos emblemáticos de personas fallecidas que Amnistía Internacional ha documentado hasta el momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal.

Finalmente, Amnistía señaló, las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan. Ya que se afirma sin pruebas que existen vínculos con el «terrorismo» y con grupos criminales. Lo anterior con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos, señala la organización.