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Reino Unido presenta un plan para prohibir el asilo a los inmigrantes del Canal de la Mancha

Por Andrew MacAskill y Kylie MacLellan

LONDRES, 7 mar (Reuters) – Reino Unido presentó el martes los detalles de una nueva ley que prohíbe la entrada a Gran Bretaña de solicitantes de asilo en botes pequeños, una propuesta que, según algunas organizaciones benéficas de refugiados, podría ser impracticable y criminalizar los esfuerzos de miles de auténticos refugiados.

El primer ministro, Rishi Sunak, ha hecho de la detención de la llegada de embarcaciones una de sus cinco prioridades, después de que el número de inmigrantes llegados a la costa sur de Inglaterra se disparó a más de 45.000 el año pasado, de los que alrededor del 90% solicitaron asilo.

La nueva legislación impedirá solicitar asilo a quienes lleguen en botes pequeños y permitirá su deportación a los llamados terceros países seguros.

«No dejarán de venir hasta que el mundo sepa que si entras ilegalmente en Gran Bretaña, serás detenido y expulsado rápidamente», declaró al Parlamento la ministra del Interior, Suella Braverman.

«Este proyecto de ley permite la detención de los que llegan ilegalmente sin fianza ni revisión judicial en los primeros 28 días de detención hasta que puedan ser expulsados».

Braverman afirmó que quienes entren ilegalmente en el país ya no podrán ampararse en las leyes contra la esclavitud para intentar bloquear su expulsión.

La organización benéfica Refugee Council ha afirmado que decenas de miles de auténticos refugiados a los que antes se habría concedido asilo serían «encerrados como criminales» en virtud de los planes, que «destrozarían» los compromisos de Reino Unidos en virtud de la Convención de la ONU para los Refugiados.

La Convención ofrece una vía para que los solicitantes de asilo tengan un juicio justo, independientemente de cómo hayan llegado a un país.

Los partidos de la oposición y las organizaciones benéficas han puesto en duda que los nuevos planes sean más eficaces que los anteriores intentos de disuadir a la gente de cruzar la frontera, y las propuestas plantean enormes problemas prácticos y jurídicos, como a dónde se puede deportar a los inmigrantes si no pueden solicitar asilo.

Además, es muy probable que la nueva legislación se enfrente a recursos judiciales.

El año pasado, el ex primer ministro Boris Johnson llegó a un acuerdo para enviar a decenas de miles de migrantes -muchos de ellos procedentes de Afganistán, Siria u otros países asolados por conflictos- a Ruanda, a más de 6.400 km de distancia.

La política se ha enfrentado a una batalla legal después de que el primer vuelo de deportación previsto fue bloqueado por una medida cautelar de última hora concedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En diciembre, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que era legal, pero los opositores están intentando recurrir el veredicto.