UIF expone diferencias legales entre México y EEUU en juicio contra Pereyra
Notipress.- Un juicio civil en Florida sentenció a Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra a devolver cientos de millones de dólares al Estado mexicano. Mientras tanto, una decisión judicial en México otorgó un amparo a Pereyra, permitiéndole acceso al sistema financiero nacional. Esta disparidad en los procedimientos ilustra las divergencias entre ambos sistemas jurídicos, pese a abordar hechos relacionados.
La corte estadounidense resolvió mediante sentencia civil la entrega de aproximadamente 2.5 millones de dólares en bienes previamente asegurados en el estado de Florida. Estas propiedades se encontraban a nombre de empresas controladas por los acusados. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), subrayó que la negativa de comparecencia ante el tribunal por parte de los implicados dejó como única alternativa legal la entrega de esos activos al demandante. «No le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados… al gobierno de México», afirmó Gómez durante la conferencia matutina del 23 de mayo de 2025.
Por otra parte, el Poder Judicial mexicano otorgó recientemente una resolución que permite a Linda Cristina Pereyra utilizar el sistema financiero nacional, a pesar de su involucramiento en el proceso civil internacional. Esta protección jurídica se dictó por parte de un tribunal colegiado de circuito. «Un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la unión para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente», explicó Gómez durante su intervención.
Esta decisión representa un fuerte contraste con la actuación judicial en Estados Unidos, donde las medidas cautelares y las sentencias se ejecutaron con celeridad y alcance patrimonial significativo. En palabras del funcionario de la UIF, estas resoluciones muestran un problema estructural: «Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto», comentó al reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para combatir delitos financieros.
De este modo, el escenario refleja un caso emblemático no sólo por la magnitud del dinero involucrado, sino también por la respuesta judicial de cada país. Mientras uno avanzó con la confiscación y restitución de activos, otro emitió garantías que podrían interpretarse, desde la observación pública, como limitantes en la lucha contra la corrupción. Ambos procedimientos legales continúan su curso, sin una fecha definitiva para su conclusión, según información oficial presentada.