La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, expresó que el combate a la corrupción, a la opacidad o a cualquier impedimento al ejercicio de los derechos humanos, es responsabilidad de todos y “la solución pasa por la firmeza y solvencia de nuestras decisiones y, particularmente, por la prevalencia del interés público”.
Al presentar el “Informe de labores 2015” del Instituto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comisionada dijo que la transparencia ha probado ser un factor determinante para inducir cambios positivos en la manera en que se asume y desempeña el servicio público.
Sin embargo, agregó, “es necesario reconocer que a la par de estos avances nuestro país enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de las reformas estructurales y, particularmente, del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción”.
Así, dijo, lo demuestra el estudio sobre la corrupción impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se refiere que “92 por ciento de los mexicanos consideran que en México hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta”.
“Todo ello, aunado a un déficit de credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades que dificulta en muchos casos, la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad”.
Puente de la Mora consideró necesario reconocer que, en términos de ánimo, credibilidad en las instituciones y confianza en las autoridades, es precisamente la opinión de los ciudadanos la que marca la pauta y la importancia del tema.
Ante senadores y diputados expresó: “Es momento de mostrar que gobierno y sociedad asumimos la alta responsabilidad que implica sentar las bases de un México abierto, plural y transparente”. “Veámonos y actuemos, instituciones y autoridades, como ejemplos de transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, como vínculos de confianza entre gobierno y sociedad”.
Informó que entre las acciones emprendidas por el INAI para garantizar y promover la protección de datos personales en el sector privado destacan los procedimientos de imposición de sanciones que interpuso en 2015, por un monto de multas que ascendió a casi 84 millones de pesos, lo que representó un incremento prácticamente del doble respecto a los casi 43 millones de 2014 por el mismo concepto.
Además, inició 205 procedimientos de protección de este derecho, lo cual equivale a 56.5 por ciento más que el año previo; creó el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y los Parámetros de Autorregulación en materia de Datos Personales, elaborados en conjunto con la Secretaría de Economía; y puso a disposición en línea de la Guía para prevenir el robo de identidad.
Dijo que el sector de servicios financieros y de seguros fue el más sancionado, con un monto de más de 58 millones de pesos; seguido del sector de información en medios masivos, quien recibió multas por casi 12 millones y medio de pesos; y el sector de transportes, correos y almacenamiento, el cual se hizo acreedor a sanciones por casi 8.5 millones de pesos.
Consideró que una sociedad informada es condición esencial para contar con un mejor gobierno, por lo que es alentador apreciar el progresivo interés de la sociedad en el ejercicio de su derecho a saber; mismo que se ve reflejado en las 120 mil 813 solicitudes de información ingresadas a la Administración Pública Federal durante 2015, mismas que representan un crecimiento de 5.3 por ciento con respecto a 2014.
La comisionada destacó que las solicitudes de información recibidas durante este período denotan que los temas que más suscitan el interés de las personas son la salud y la educación, tal como lo demuestra el hecho de que las tres instituciones que registraron un mayor número de solicitudes durante 2015 fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
Aunado a ello, es posible constatar el interés ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de las más de 42 millones de visitas registradas en los Portales de Obligaciones de Transparencia de las instituciones de la Administración Pública Federal.
También advirtió que –derivado de un notable crecimiento en la incidencia de problemas como el robo de identidad, el bullying por redes sociales o el sexting– en el ámbito del sector público, el INAI recibió una cifra récord de casi 33 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales durante 2015, 12.8 por ciento más en comparación con el año anterior.
El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que, bajo el pretexto de la información clasificada, no se han transparentado en su totalidad casos como las concesiones en el sector energético, o lo ocurrido en Tlatlaya, en Ayotzinapa o el enfrentamiento entre maestros y policías en Oaxaca.
Cuestionó a la comisionada, en relación al aumento constante de las solicitudes ingresadas al Instituto, pero más del 50 por ciento fueron realizadas sólo en dos entidades, el Estado de México y la Ciudad de México, ¿qué acciones llevará a cabo el INAI para revertir esta tendencia?
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó si se ha logrado el objetivo de la reforma, es decir garantizar la autonomía de los órganos garantes locales y la armonización en materia de transparencia en todas las entidades federativas.
También preguntó cuáles son los criterios que ha establecido el INAI para ejercer la facultad de atracción cuando los órganos garantes locales no han permitido el acceso a la información de los ciudadanos. Y ¿cómo ejerce el Instituto su facultad en la exposición de los medios que permitan mantener el control de constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones?
Laura Angélica Rojas Hernández, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el Congreso está consciente de los temas que tiene pendientes para lograr la consolidación del sistema nacional de transparencia, y se está trabajando en las leyes pendientes.
Preguntó sobre los retos que el INAI ha tenido en la implementación de la ley general en los nuevos sujetos obligados.
La senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció el compromiso del INAI para impulsar la transparencia como un bien indispensable de la vida democrática; “es una institución sólida que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier información pública”, dijo.
Preguntó a la comisionada presidenta, ¿de qué manera el sistema nacional de transparencia se coordinará con el Sistema Nacional Anticorrupción para promover la transparencia y el acceso a la información?
La diputada Angélica Reyes Ávila dijo que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza “reconocemos que estamos en medio de una crisis de credibilidad social, generada por esta falta de transparencia y rendición de cuentas de manera generalizada; se trata, agregó, de un justo reclamo de la sociedad, que “está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos en los tres niveles de gobierno”.
Por ello, la legisladora consideró que combatir la corrupción y la impunidad debe ser una prioridad, pues sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pero para alcanzar este objetivo se requiere de la participación de todos.
José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coincidió: “Sin lugar a dudas el INAI tiene una tarea crucial de cara a los retos que enfrenta México en materia de combate a la corrupción y de fomento a la transparencia y de protección de datos personales”.
Refirió que luego de entrar en operación, la Plataforma Nacional de Transparencia fue señalada por múltiples inconsistencias por parte de usuarios, académicos y organizaciones civiles y “nos inquieta que una falla” de este mecanismo afecte el ejercicio del derecho a la información.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza dijo que, pese a que el INAI han solicitado que se haga pública la información generada por dependencias gubernamentales, “éstas han sido omisas a las resoluciones del único Instituto en toda Latinoamérica que goza de autonomía”.
También señaló que sólo cuatro entidades cumplen con lo que se estableció en la Ley General y que el organismo garante se ha visto en la necesidad de promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que en estados como Oaxaca, Querétaro, Morelos y Ciudad de México sus leyes no armonizan con el artículo 6 de la Constitución.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada Sharon Cuenca Ayala comentó que los legisladores de su bancada seguirán abonando en la construcción de un nuevo marco normativo, porque aún existe mucho trabajo por hacer en materia de transparencia, anticorrupción y fiscalización, por mencionar algunos rubros.
Preguntó: ¿se ha logrado construir el piso mínimo para que los ciudadanos del país tengan las garantías mínimas respecto al ejercicio del derecho al acceso a la información y el derecho de protección de datos personales?
Ximena Puente de la Mora respondió que se trabajarán en dos vertientes: primero, en que la información en posesión de las autoridades esté pública, es decir, ir más allá del cumplimiento de la ley; y coadyuvar en el fortalecimiento de los órganos garantes para hacer frente a la nueva realidad en materia de transparencia.
La presidenta comisionada contestó que está pendiente la aprobación de la ley general de datos personales en posesión de las autoridades, la ley general de transparencia y la ley general de archivos; necesarias para terminar de articular los esfuerzos que se conjugan en el Sistema Nacional de Transparencia.
La comisionada Puente de la Mora respondió que el Instituto siempre ha mantenido autonomía en sus decisiones, y se refleja en la publicidad y transparencia de las mismas, al difundir el criterio de interpretación que tienen los comisionados. También refirió que se está trabajando en el sistema nacional de transparencia para crear los lineamientos de interpretación de los órganos garantes de las entidades federativas.
En cuanto al control de constitucionalidad señaló que, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya se tiene suspensión, y por ello no se abrió la información, por lo que en tanto se resuelva el caso, se reserva la información.
La presidenta del Instituto respondió que, en relación a los nuevos sujetos obligados, ya existe un acercamiento con los sindicatos y están dispuestos a acompañar esta etapa para que éstos cumplan con las nuevas obligaciones en materia de transparencia; y en cuanto a los partidos políticos, existe disposición.
La comisionada Ximena Puente respondió que la aprobación de las leyes secundarias implica las modificaciones que se tendrán que hacer a los Códigos Penales para la tipificación de ciertos delitos y la sanción sea homogénea en las entidades; tenemos una responsabilidad de trabajar de manera coordinada, enfatizó.
Dijo que derivado de la reforma constitucional de 2014 y a la aprobación de la Ley General de Transparencia, en 2015 el Instituto pasó de tener 246 a casi 900 sujetos obligados, con la facultad de atraer y revisar recursos de otros organismos garantes en función del interés público de los temas.
La comisionada precisó que “no se ha impedido el derecho de acceso a la información” por la falla en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que en todo momento las personas cuentan diversos medios para ejercerlo: correo postal, mensajería, Internet, mediante los sistemas Infomex de la federación y de los estados, así como del número telefónico gratuito que se puso a disposición.
Informó que el promedio mensual de solicitudes en 2015, a nivel nacional, fue de 19 mil 458 y en el periodo del 5 de mayo al 5 de junio de 2016, se presentaron 26 mil 452, por lo que “el derecho de acceso a la información no se ha coartado”.