El objetivo, escuchar a las y los jóvenes e integrar sus propuestas en el proyecto de iniciativa de ley: diputada Ayala Villalobos
La Comisión de Juventud, que preside la diputada Karla Ayala Villalobos (PRI), realizó el foro sobre los “Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas Jóvenes en México Rumbo a la Ley General de Juventudes».
La diputada Ayala Villalobos dijo que el objetivo es escuchar a este sector con el fin de saber sus opiniones y sus distintas perspectivas que tienen acerca de cómo está el sistema de salud para los jóvenes y qué es lo que se podría integrar en el proyecto de iniciativa de ley en materia de derechos sexuales y reproductivos.
“Cada reunión, foro y participación nos lleva a concretar esta ley, por lo que es muy gratificante que muchas personas se sumen a nuestras actividades. Nuestras diferencias de ideología y de pensamientos es lo que va a enriquecer el contenido de la iniciativa.
Dijo que la ley se encargará de ampliar el marco normativo existente; plasmará derechos y obligaciones que deben cumplir las instituciones y el gobierno, creará puentes entre instituciones y el Sistema Nacional de Juventudes.
Refirió que los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes tienen que ver con los derechos humanos que se contemplan desde la Constitución hasta la Ley General de Salud, con especial atención a la población joven, ya que es donde se generan los temas más polémicos acerca de la sexualidad.
Destacó que hay muchos temas en los que se tiene que trabajar como el decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, ejercer y disfrutar plenamente de nuestra vida sexual, así como tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Al inaugurar el foro, la diputada Marisol García Segura (Morena) destacó la necesidad de discutir el papel del Estado en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con los acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito y de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Puntualizó que revisarán el marco jurídico actual para modernizarlo e intentar que responda a las expectativas de las juventudes, garantizando su libertad y derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada, “hablando desde el respeto a sus elecciones sexoafectivas, sexogenéricas y a la participación plena de sus derechos. Queremos buscar un diálogo, encontrar respuestas y tener esta ley que tanto hemos buscado”.
La diputada María Clemente García Moreno (Morena) afirmó que en la adolescencia inicia la vida sexual y es donde comienzan los embarazos y riesgos de enfermedades. Consideró que las personas jóvenes deben exigir al Gobierno que haya educación sexual. Puntualizó que el Estado debe garantizar la libertad de expresión de sus ideas y afecto con pleno respeto a los derechos de las demás personas sin que por ello “nos discrimine, limite, cuestione, amenace, extorsione, lastime o agreda verbal, física, sexual o psicológicamente”.
Estimó imperativo garantizar que todas las personas puedan gozar tanto de su orientación sexual como de su identidad de género. “Es importante que en los foros se contemple a las juventudes trans y en general a las juventudes diversas o que tienen alguna orientación distinta a la heterosexual. Vamos a lograr una ley que contemple esta realidad”, agregó.
Intervención de ponentes
Gabriela Rivera, oficial nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables del Fondo de Población de las Naciones Unidas, recomendó que la iniciativa de ley debe contemplar temas como la prevención de embarazos en adolescentes con énfasis en adolescentes menores de 15 años, restitución de derechos de acceso a la justicia, a la educación y servicios de salud.
Además, impulsar la medición y la rendición de cuentas, aumentar las inversiones en derechos sexuales y reproductivos, en prevención del embarazo, asegurar el abasto de anticonceptivo y el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo.
Adriana Aguilar Flores, subdirectora de seguimiento a los Derechos Sociales, Ambientales y Sexuales de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que es vital incluir en la ley de juventudes la perspectiva de género para atender las diferentes necesidades y condiciones de las niñas y adolescentes.
Subrayó la importancia de empoderar a las y los jóvenes en un ejercicio por los derechos sexuales y reproductivos, a través de un modelo de escuelas de liderazgo adolescente y capacitación hacia la reducción de la desigualdad. Propuso impulsar mecanismos de vigilancia ciudadana para monitorear las acciones y avances del nuevo marco jurídico.
Valeria Vázquez, directora general de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., comentó que deben generarse políticas públicas con financiamiento para que sean sostenibles, fortaleciendo la estrategia nacional que evite el embarazo adolescente.
Sugirió tomar en consideración en dónde viven las y los jóvenes, no estigmatizar a las juventudes ni volcarse a las generalidades, sino cambiar el enfoque y entender que las y los adolescentes tienen aspiraciones, condiciones y plan de vida diferentes. Pidió dejar de tener miedo al abordar los derechos sexuales y reproductivos de esta población, los cuales deben atenderse.
Sara Martínez Cabello, representante de BALANCE A.C., recomendó repensar cuál va a ser el objetivo de que exista una ley general de juventudes y si va a beneficiar. Alertó que se corre un riesgo muy grande al hacer una ley tan focalizada y la perspectiva de juventudes se quede solo en esta ley, tenemos que asegurar que se transversalice en toda la legislación mexicana.
Dulce Ramos Gutiérrez, subdirectora de Integración y Seguimiento del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), destacó que en la nueva ley general se debe garantizar una partida presupuestal destinada a atender a las juventudes y adolescencias, a fin de que realmente sean tomadas en cuenta.
Propuso incluir de manera clara los conceptos de derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de género, la diversidad de las y los jóvenes, de derechos humanos y de niñez para fortalecer el marco jurídico, a fin de generar las reformas legislativas necesarias con el cambio de paradigma de las estructuras sociales que evite considerar a la adolescencia como una etapa preparatoria a la adultez, sino como una edad de crecimiento y toma de decisiones.
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