Viña del Mar (Chile), 2 mar (EFE).- El fuego no distinguió a nadie: Familias ecuatorianas, colombianas, venezolanas, dominicanas, haitianas, peruanas y chilenas vieron juntas, después de un escape desesperado flanqueado por las llamas, cómo el voraz incendio que afectó a Viña del Mar hace un mes, en pleno litoral central chileno, consumió en cuestión de minutos la totalidad de sus casas en la población Naciones Unidas, un asentamiento irregular situado en la parte alta de la ciudad.
«Fue algo tan rápido y tan notoria su intencionalidad. Uno de los focos fue detrás de mi casa, otro a una distancia de unos 200 metros y otro a 200 metros en la otra dirección. El viento ese día corría fatal acá, todo se quemó en cuestión de 15 minutos, en ese ratito perdí 7 años de esfuerzo, todo fue muy doloroso», dijo a EFE el soldador ecuatoriano de 38 años Fernando Murillo, uno de los fundadores de la comunidad cuyo núcleo está conformado mayormente por extranjeros.
De las más de 30.000 personas que sufrieron los estragos del incendio, aún se desconoce cuántas son inmigrantes, un segmento que, según dijeron diversas organizaciones y autoridades a EFE, tendrá mayores problemas para acceder a ayudas estatales anunciadas por el Gobierno para agilizar la reconstrucción de viviendas y apoyar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la asistencia de los más pequeños a a las clases que inician este mes de marzo.
Sin número social ni documentos y con situación migratoria irregular, el panorama se ve incierto.
«Están en movilidad permanente»
Con sus casas emplazadas sobre una loma que se descuelga de los oteros más altos de la ciudad y recorrida por una línea de torres de alta tensión por las que baja el cableado eléctrico hacia plantas cercanas al centro, las 72 familias de la población de Naciones Unidas son conscientes de esta dificultad.
«Aquí hay unas 400 personas, de las que aproximadamente 120 están en esa situación, adultos y niños que no tienen papeles. No haberse empadronado a tiempo es una de sus principales dificultades para la emergencia, será difícil acceder a bonos asociados a un número social, que es dinero que se reinvierte en construir. No podrá llegar a personas sin documentación», comentó Murillo.
Los campamentos, conocidos en otros países como «villas miseria», «ciudades perdidas» o «favelas», se ubican generalmente en zonas apartadas, como el caso de Naciones Unidas. En ellas hay un gran número de población migrante que ha llegado en los últimos años, pero que no ha sido registrada o cuyo seguimiento resulta casi imposible de hacer.
«Es difícil catastrar. Hablamos de familias que migran constantemente. Un grupo con el que trabajamos antes, por ejemplo, ya no estaba en la región, ya había migrado. La movilidad es permanente y constante, y muchas familias que fueron afectadas al ver que perdieron todo, que les cuesta mucho encontrar arriendo o lugares alternativos, deciden irse. Es difícil constatar la cantidad de personas afectadas y los municipios están levantando bases generales», explicó a EFE la encargada de la oficina de Valparaíso del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Griceld Antipil.
«Hay una situación de irregularidad migratoria. Hay familias que tienen alta presencia de niños y niñas, muchos chilenos porque nacieron en este país. Pero la gran dificultad es que no tienen acceso a un Registro Social de Hogares (RSH) –sistema de información que apoya la distribución de programas sociales– porque son menores de edad. Como sus familias están irregulares no pueden incluirse en ningún otro grupo familiar y sus madres o padres no pueden hacer un RSH. Como aún no hay claridad en cuanto a las ayudas, no sabemos que va a pasar con las familias», subrayó Antipil.
Por otro lado, equipos tanto del SJM como de otras organizaciones han podido constatar en terreno que muchas familias han perdido documentos claves de su país de origen, lo que puede complejizar aún más el acceso a las ayudas públicas.
«Que la población migrante irregular no quede desolada»
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se desplegó desde los primeros días posteriores a la emergencia en la zona central de Chile. Al igual que otros organismos, tanto de la sociedad civil como del Estado, reconocen la dificultad para censar a las familias extranjeras que perdieron todo en el megaincendio.
«Calculamos de forma preliminar que en las poblaciones Argentina y Pompeya Sur, tenemos 3.500 personas afectadas. Un 10 % de ese número son personas migrantes, unas 341 personas solo en Quilpué que hemos podido identificar», dijo a EFE la coordinadora de la OIM, Giselle Brown.
«Estamos trabajando en poder otorgar a la población migrante información jurídica (…) Creo que es muy importante que la articulación se dé entre todas las instancias. Para la OIM es clave la coordinación y articulación con todos los actores humanitarios que están en la zona, tanto a nivel gubernamental como a nivel de organizaciones internacionales, sociedad civil y practicantes de fe como para poder otorgar soluciones para la población migrante irregular», agregó.
Levantamiento de alojamientos temporales, subsidios de arriendos y cobertura de necesidades básicas son aún prioritarias de forma transversal para la población golpeada por los incendios.
«Es fundamental reconocer que las personas migrantes, como parte integral de nuestras comunidades, enfrentan vulnerabilidades únicas. Su inclusión en los planes de prevención y respuesta no solo es un imperativo, sino que también fortalece la eficacia de estos esfuerzos, reduciendo significativamente los costos asociados a la recuperación post-crisis», enfatizó Brown.
Según ella, «este enfoque integrador asegura que ninguna persona, independientemente de su origen, quede atrás en nuestros esfuerzos por construir comunidades más resilientes y preparadas (…) Que la población migrante irregular no quede desolada».