En este fin de semana se están efectuando la fase de pruebas correspondiente a la evaluación del desempeño del servicio profesional docente. Una etapa que no escapa de la crítica y dudas del magisterio por el lenguaje coercitivo en el peligro de perder la plaza docente para quienes no aprueben como idóneos.
En tiempos atrás se habían dado cambios en programas, metodologías, operaciones administrativas, pero por los privilegios sindicales no se había tocado a los docentes. Sin duda, el maestro es un gran articulador de la acción educativa. De hecho, resulta responsable del proceso formativo del estudiante.
Por lo tanto, es necesario contar con buenos maestros que saquen adelante el sistema educativo nacional del rezago que se le reconoce y se ha medido en diferentes estándares nacionales e internacionales. Tampoco significa que el proceso de evaluación al desempeño docente, que en sentido amplio no sólo debe limitarse a una prueba escrita, sino que también involucre a toda la acción pedagógica del maestro en su diario trabajo, se considere un proceso acabado, perfecto y absoluto.
Una de las realidades al elevar a figura constitucional el servicio profesional docente y no quedarse como un simple programa operativo, como lo fue carrera magisterial, es la posibilidad de que, una vez consumada alguna conducta, decisión o acción arbitraria de la autoridad, se podrá recurrir al juicio de amparo para solicitar la protección constitucional. Así lo vemos y prevemos.
Esto abre toda una nueva dimensión jurídica hasta ahora no explorada en los tribunales constitucionales de nuestro país. En el pasado, las diferencias entre los maestros y los ejecutores de carrera magisterial eran resueltos por los mismos organizadores del programa. En otras palabras, eran jueces y parte del problema y de la resolución. Ahora las cosas pueden cambiar.
Hoy tanto el servicio profesional docente como la evaluación al mismo están consagrados en el Artículo Tercero de la Constitución y en el marco jurídico de la materia. Así que cualquier acto de agravio contra los derechos de los maestros podrá ser resuelto en las instancias judiciales federales.
Como bien sabemos, no se puede amparar contra actos inciertos o futuros que aún no se han ejecutado y provocado efectos jurídicos. Así que la lucha de los derechos de los maestros no está concluida y solamente determinada por la toma de calles, suspensión de clases y otros actos que alteran la paz y la armonía social. El problema, es que tampoco se han preparado para ello.
Los mexicanos, incluidos los maestros, debemos comprometernos a mejorar nuestros procesos sociales, entre ellos la educación desde todas las perspectivas, procesos y espacios.
Deseamos el mejor de los éxitos a todos los maestros. Sin ninguna duda hay quienes tienen una verdadera vocación magisterial. Como en cualquier campo social competitivo necesitamos a los mejores, pero con la claridad suficiente de que los derechos fundamentales no pueden ser pisoteados por las autoridades.
Por lo cual, ofrecemos el análisis de los casos que se consideren sean auténticos agravios de las autoridades en cuanto el proceso de consolidación de la Reforma Educativa.
La responsabilidad de la educación nos compete a todos en la sociedad.